Ya son 480 los despedidos de Granja Tres Arroyos
Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, describió como “amargo” el agravamiento de la crisis de Granja Tres Arroyos. Aunque la conciliación obligatoria debía mantenerse vigente hasta el 3 de septiembre, el sindicato entendió que la empresa la dio por terminada el viernes al ratificar los despidos y no suspenderlos, una de las condiciones de la medida. La compañía podría recibir multas administrativas por incumplirla.
En la audiencia del 20 de agosto, Chamorro comentó, en declaraciones al programa Malos Perdedores, que conducen Exequiel Flesler, Analía Winkelmann e Ignacio Koonrstra por Radio Costa Paraná (88.1), que la representación sindical reclamó el pago de cuatro meses de salarios adeudados y cuestionó la improcedencia de los despidos, tanto por los argumentos utilizados como por el incumplimiento de criterios legales vinculados con antigüedad, cargas familiares e indemnizaciones.
La empresa prometió presentar una propuesta en la siguiente instancia, pero luego confirmó las cesantías y no aportó precisiones sobre salarios ni indemnizaciones.
Magnitud del conflicto
Hasta el viernes había aproximadamente 270 despedidos y durante el lunes se cursaron otros 200 telegramas, por lo que el total ronda los 480 trabajadores echados. La plantilla del sindicato de la alimentación vinculada a la empresa alcanza a 735 personas; quienes aún no recibieron telegramas, tampoco cobran salarios y no tienen certezas sobre futuras indemnizaciones.
La comisión sindical, además, quedó prácticamente desmantelada: de sus 16 integrantes, sólo cuatro no habían recibido todavía la notificación, aunque Chamorro consideraba probable que también fueran despedidos durante la semana.
El sindicato denuncia que despedir a trabajadores sin capacidad efectiva de pago carece de sentido y podría anticipar un concurso preventivo.
Cierres y posible vaciamiento
La planta de Concepción del Uruguay permanece cerrada desde mayo. En Capitán Sarmiento, la empresa dejó de pagar la electricidad, recibió un corte del suministro y notificó el cierre de la planta desde el 31 de agosto hasta nuevo aviso. Los trabajadores observaron además el retiro de mobiliario y elementos de oficinas, aunque todavía no se habían llevado maquinarias ni motores, lo que alimenta la preocupación por un eventual vaciamiento.
La única planta que continúa operando, aunque mínimamente, es la de Córdoba.
La empresa “mantiene silencio desde el cierre: no responde llamadas ni mensajes y sólo participa cuando es convocada por autoridades laborales”, agregó Chamorro. La Secretaría de Trabajo aplicó multas e intimaciones dentro de sus facultades.
Situación económica
La empresa, explicó el sindicalista, sostiene que necesita una inversión de unos 10 millones de dólares por planta. Según Chamorro, su propuesta implicaría esperar alrededor de 60 días para recomponer el ciclo biológico de los pollos, faenarlos, procesarlos y venderlos antes de comenzar a pagar salarios; el sindicato considera que trasladar ese costo y riesgo a los trabajadores es “inaceptable”.
También se perdió el abastecimiento de pollos, ya que los criadores e integrados derivaron su producción a otras empresas. Chamorro calificó de “inexplicable el rápido deterioro de una compañía que a mediados de 2023 facturaba unos 400 millones de dólares y faenaba cerca de 700.000 pollos diarios en sus plantas, incluidos hasta 220.000 diarios en Concepción del Uruguay”.
El dirigente sostuvo que la crisis parece específica de Tres Arroyos dado que otras empresas avícolas realizan inversiones importantes. Señaló como riesgo general el crecimiento de importaciones de pollo, principalmente de Brasil y Estados Unidos, aunque actualmente representan algo más del 1% y menos del 2% del mercado.
Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.