Ya rige en el país el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley 27.801 reduce de 16 a 14 años la edad desde la cual los adolescentes pueden ser sometidos a proceso penal. Mantiene un régimen especial hasta los 18 años: no pueden ser enviados a una cárcel común antes de esa edad, aunque pueden imponerse medidas como arresto domiciliario, alojamiento en institutos abiertos o cerrados y, en ciertos casos, control mediante tobillera electrónica. Si existe condena, al cumplir 18 años podrían comenzar a cumplir la pena en una unidad penitenciaria común.

El abogado Boris Cohen, durante una entrevista con el programa Malos Perdedores, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), explicó que la nueva norma “para delitos con penas de hasta tres años, el juez puede sustituir el encierro por medidas alternativas. En delitos con penas de entre tres y 10 años, siempre que no haya muerte de una persona, también puede reemplazarse la prisión, pero se requiere un dictamen pericial del equipo técnico interdisciplinario, integrado por profesionales como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y asistentes sociales. Para delitos con penas superiores a 10 años se contemplan medidas restrictivas como la prisión domiciliaria o el alojamiento en institutos especializados”.

Situación en Entre Ríos

Cohen, además, señaló que Entre Ríos “no cuenta con una cárcel o unidad penitenciaria adecuada para alojar a menores de 18 años” por lo que la aplicación de medidas de encierro “presenta limitaciones de infraestructura”. En la práctica, algunos adolescentes han cumplido prisión domiciliaria bajo responsabilidad de sus padres y con monitoreo electrónico.

Impacto real

Según datos mencionados por la defensa pública, la participación de menores de 18 años en delitos graves “es muy baja en Entre Ríos”, por lo que la reducción de la edad de imputabilidad “probablemente no modificará significativamente las estadísticas ni aumentará la criminalidad juvenil”, opinó Cohen, y consideró que “bajar la edad puede funcionar como una medida política efectista, desvinculada de la realidad provincial y no acompañada por recursos institucionales suficientes”.

La ley fundamenta el cambio en que los adolescentes actuales poseen mayor acceso a información y, por ello, mayor capacidad para comprender la criminalidad y las consecuencias de sus actos.