Un proyecto de ley busca proteger y apoyar a las empresas recuperadas por trabajadores

En Entre Ríos, el diputado provincial Juan Manuel Rosi, junto con otros legisladores de Juntos por Entre Ríos, impulsa un proyecto de ley para establecer un régimen provincial de protección y apoyo a empresas recuperadas por sus trabajadores. La iniciativa busca responder al cierre de unidades productivas y a la pérdida de empleos, aprovechando la extensa tradición cooperativa de la provincia, visible en cooperativas eléctricas, de servicios, agrícolas y de trabajo.

Protocolo de intervención rápida

El proyecto, explicó Rossi en declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta  Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), tiene dos componentes. El primero consiste “en transformar rápidamente una crisis empresarial –por ejemplo, un concurso preventivo o un proceso de quiebra– en una oportunidad para preservar la producción y los puestos laborales”. Si existe un grupo mínimo de trabajadores dispuesto a continuar la actividad, éstos podrían solicitar una audiencia ante la Secretaría de Trabajo. En coordinación con el Ipcymer (Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos), se activaría un protocolo con pasos jurídicos y administrativos concretos para constituir una cooperativa de trabajo.

El objetivo “es evitar cierres definitivos y superar el vacío normativo que actualmente vuelve muy prolongados y complejos los procesos de transferencia de inmuebles, maquinaria, instalaciones y demás bienes a los trabajadores”. El caso de Cotapa ejemplifica el problema: la cooperativa debió atravesar un extenso proceso judicial antes de obtener la propiedad definitiva de la empresa.

La propuesta abarcaría empresas de distintos sectores, incluidos comercios, radios y otros medios de comunicación, no solamente fábricas o establecimientos industriales. “Una empresa tradicional que esté por cerrar podría ser administrada por una cooperativa formada por sus trabajadores, con asesoramiento del organismo cooperativo y de la Secretaría de Trabajo”, agregó el legislador.

Acompañamiento económico y estatal

El segundo componente contempla medidas de apoyo posteriores a la conformación de la cooperativa. Entre ellas se incluyen “prioridad o tratamiento preferencial temporal en la provisión al Estado, beneficios y acompañamiento en materia impositiva, laboral y de cobertura social, acceso a créditos y mecanismos de garantía crediticia que mejoren las condiciones de financiamiento”, precisó Rossi.

La continuidad productiva, remarcó, “requiere algo más que resolver la situación jurídica: las cooperativas necesitan capital para competir, sostenerse y desarrollarse. La prioridad inicial, sin embargo, es preservar las fuentes de trabajo y garantizar que continúen los bienes o servicios que la empresa brinda a la comunidad”.

La distribución territorial de las cooperativas constituye “otra fortaleza” porque “a diferencia de empresas multinacionales concentradas en pocos puntos, estas organizaciones están arraigadas en distintas localidades y contribuyen a distribuir empleo y riqueza”.

Contexto nacional

Rossi describió con preocupación la situación del país ante: caída del empleo y de la actividad productiva, apertura económica indiscriminada, menor recaudación provincial, reducción de transferencias nacionales y retiro del Estado nacional de áreas como infraestructura, educación, salud y obras públicas. Las provincias y municipios deben asumir esas responsabilidades con menos recursos, mientras aumentan la pobreza y las dificultades sociales.

También advirtió que “la automatización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la digitalización podrían profundizar la reducción del empleo, especialmente en países periféricos”. Frente a esta “tormenta perfecta”, el diputado reclamó construir rápidamente un proyecto nacional amplio, con objetivos claros y perspectiva de futuro.