Sigue la polémica por el nuevo sistema de provisión a comedores escolares

La Fundación Cauce sostiene que los alimentos ofrecidos son ultraprocesados y presentan sellos de advertencia por exceso de azúcar, sodio y grasas saturadas. Por eso, considera que el debate “no debe limitarse a si todos los niños reciben el mismo desayuno, sino a si esos alimentos garantizan derechos y una nutrición adecuada”, señaló Valeria Enderle, directora ejecutiva de Fundación Cauce, en declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1).
Situación judicial
La Fundación Cauce promovió un amparo y solicitó una medida cautelar para impedir que el nuevo sistema comenzara con el inicio de clases de agosto. El juez de Juicio y Apelaciones Juan Malvasio suspendió provisoriamente la distribución y ordenó mantener el sistema anterior, luego de otorgar al Gobierno 48 horas hábiles para presentar el expediente administrativo.
El Gobierno provincial, mediante el fiscal de Estado, apeló la cautelar. Según Enderle, esa apelación “no suspende la decisión de Malvasio: la medida continúa vigente mientras se discute el recurso”. La Fundación Cauce considera, sin embargo, que “la apelación fue concedida incorrectamente porque las normas no contemplarían ese recurso para medidas cautelares”. Por ello, “pidió la nulidad de la concesión y de la elevación del expediente al Superior Tribunal de Justicia”.
El STJ debe decidir si analiza el contenido de la apelación o si declara nulo el trámite y devuelve la causa al juzgado. Si rechaza el recurso, la cautelar seguiría vigente; si revisa la medida, habrá que esperar su resolución. El Gobierno dispone de tres días para presentar los fundamentos de su apelación. No existe un plazo claro que garantice cuándo resolverá el tribunal.
La cautelar no define todavía la cuestión de fondo: el amparo deberá determinar la validez del sistema y la calidad nutricional de los productos. El Estado aún debía responder el informe solicitado por la Justicia.
La orden judicial establecía mantener el esquema anterior mientras se resolvía el conflicto. Sin embargo, la Fundación denunció que desde fines del mes previo no se cargaban fondos en las tarjetas utilizadas para comprar alimentos, por lo que algunos niños no recibieron desayuno ni merienda.
Enderle sostuvo que el Gobierno tiene organismos específicos de control y la obligación de garantizar la alimentación escolar. Planteó que los posibles intereses económicos estatales no pueden prevalecer sobre los derechos humanos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.