Se formalizó la salida definitiva de extrabajadores del Registro Único de la Verdad

El abogado Marcelo Boeykens, excoordinador del Registro Único de la Verdad (RUV) de Entre Ríos, cuestionó la desvinculación de cuatro trabajadores con entre seis y 15 años de antigüedad. Sostuvo que sus contratos “se renovaban durante años y que calificarlos de temporarios encubre relaciones laborales permanentes”.

Según explicó, “primero cambiaron sus contratos de prestación de servicios a contratos temporarios, con una cláusula que preveía la desvinculación automática al año; esa cláusula se utilizó para cesarlos”. Afirmó que habían advertido sobre el riesgo, pero que no fueron escuchados.

Los reclamos administrativos avanzaron por distintas instancias. La Secretaría de Justicia consideró inicialmente que el recurso estaba desierto; la Fiscalía de Estado indicó que tenía fundamentos y debía tratarse. Finalmente, el gobernador Rogelio Frigerio rechazó el reclamo por considerar vencido el plazo al 31 de diciembre de 2025.

Boeykens, en declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Mstteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (8.1), sostuvo que “la resolución borró” sus años de trabajo y anunció que recurrirá “a la vía contencioso-administrativa”. Aunque no hay una decisión que ordene reincorporarlos, reclamó “como mínimo las indemnizaciones por antigüedad y el pago de vacaciones no gozadas” porque dijo que trabajaron todo el año anterior sin vacaciones ni compensación. Comparó el caso con trabajadores de derechos humanos despedidos por el Gobierno nacional, quienes, afirmó, sí recibieron indemnización.

Deterioro del Registro

Boeykens describió al Registro como “prácticamente paralizado” y denunció “el debilitamiento de sus funciones de memoria, verdad y justicia”. Como ejemplo, señaló que un vehículo secuestrado por la Justicia Federal y asignado al organismo fue retirado por la gestión actual y puesto al servicio de inteligencia policial. Luego habría sido presentado entre los recursos de la Policía provincial y utilizado en operativos contra el narcomenudeo.

Advirtió, además, que “la pérdida de capacidad institucional afecta investigaciones históricas y búsquedas vinculadas con crímenes de la dictadura y el Plan Cóndor”.

Lectura política

El entrevistado interpretó los despidos y el deterioro del organismo como “decisiones políticas dirigidas específicamente contra un área especializada en derechos humanos”. Destacó que entre los cesanteados “había una hija de desaparecidos y militante de Hijos, un referente comunista, un expreso político y el abogado que llevaba causas de lesa humanidad”. Atribuyó a la directora de Derechos Humanos una postura “cercana a la teoría de los dos demonios” y sostuvo que la gestión provincial “está alineada, en los hechos, con los sectores más conservadores” del gobierno de Javier Milei. Planteó que esa orientación “implica considerar concluido el trabajo de memoria y justicia”.

También denunció que los pedidos de reunión del movimiento de derechos humanos “no fueron respondidos” y que “no mantiene diálogo” con las autoridades.