Reforma previsional: hay dudas sobre la constitucionalidad de algunos puntos del proyecto oficial

Este miércoles, tras varias semanas se debate, la Cámara de Senadores de Entre Ríos comienza formalmente el tratamiento del proyecto de reforma provisional que impulsa la administración del gobernador Rogelia Frigerio-

La ley propuesta, según la interpretación del intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, establece que los Municipios deben actuar como garantes y financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, compartiendo esta responsabilidad con la Provincia. “Esta obligación limita severamente la autonomía municipal, ya que afecta la capacidad de los municipios para negociar paritarias y gestionar su propio presupuesto”, opinó, y agregó que la norma propuesta “también penaliza prácticas como otorgar bonos o sumas no remunerativas, considerándolas posibles causales de denuncias por mal desempeño de funcionario público”.

Dudas

Arévalo, durante una entrevista con el programa Buen Día, que cobducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), observó que hay cláusulas de la ley presentan “serias dudas de constitucionalidad” dado que podrían vulnerar la autonomía municipal garantizada por la Constitución provincial. Obligar a los municipios a cubrir déficits ajenos y restringir su manejo presupuestario se considera “una intromisión indebida” en sus competencias. Si la ley se aprueba tal como está, Arévalo cree que los municipios podrían recurrir a la Justicia para defender su autonomía.

Impacto económico y viabilidad

La obligación de financiar el déficit de la Caja, para el intendente felicianero, es “económicamente inviable” para los municipios, especialmente para aquellos que han cumplido históricamente con sus aportes y no presentan deudas propias. “No se justifica que municipios sin déficit deban asumir responsabilidades por deudas generadas por otros”, subrayó.

Debate legislativo

Arévalo, asimismo, abogó por un debate legislativo amplio, transparente e inclusivo, donde participen todos los sectores involucrados, al tiempo que criticó la posibilidad de que la ley se apruebe rápidamente, sin un análisis profundo ni la debida discusión pública, lo que podría derivar en acciones judiciales costosas y en la ineficacia de la ley.