Qué implicancias trae la modificación de la Ley de Tierras Rurales

La reforma propuesta permitiría la compra de tierras sin restricciones significativas, bajo el argumento de proteger la inviolabilidad de la propiedad privada, derecho ya garantizado por la Constitución Nacional.

El abogado Enzo Culaso, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista y de la Asociación Nacional de Abogados Ambientalistas, durante una entrevista con el programa Ruido de Mate, que conducen Andrea Venturini, Marcelo Medina, Martín Echagüe y Julio Galera por Radio Costa Paraná (88.1), consideró que la eliminación de los límites a la compra de tierras por extranjeros, combinada con leyes recientes que otorgan incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes inversiones extractivistas, facilitaría la transferencia de vastos territorios y recursos naturales a manos extranjeras y multinacionales. Esto, advirtió, “podría provocar la fragmentación del territorio nacional, la creación de ‘zonas de sacrificio’ donde el bienestar de la población local se subordina a intereses económicos externos, y la pérdida de control sobre recursos estratégicos como el agua y la energía”.

Impacto en el patrimonio nacional y la soberanía

La reforma es vista como una amenaza a la soberanía y al patrimonio nacional, dado que permitiría que actores extranjeros “definan el uso y destino de grandes extensiones de tierra y recursos, sin participación ni consulta ciudadana”. Se advierte que el porcentaje permitido de extranjerización ya es elevado y que, en algunas regiones, especialmente en la cordillera, los límites actuales han sido superados. “La entrega irrestricta de tierras no genera beneficios para la población local y compromete el futuro de generaciones venideras”, alert+o Culaso.

Legislaciones provinciales y alineación política

Las provincias poseen dominio originario sobre los recursos naturales, pero existe una tendencia a alinearse con el Gobierno nacional a cambio de transferencias de fondos (Aportes del Tesoro Nacional), lo que facilita la aprobación de leyes que favorecen intereses extractivistas. “Las decisiones tomadas bajo este esquema tienen consecuencias a largo plazo, afectando a generaciones futuras, a pesar de que los mandatos políticos son de corto plazo”, señaló el abogado.

La flexibilización de la ley permitiría a entidades extranjeras adquirir grandes extensiones de tierra en zonas estratégicas, incluso en áreas fronterizas o ribereñas, lo que podría facilitar actividades ilícitas o la instalación de infraestructuras privadas, como puertos, sin suficiente control estatal. El entramado legal vigente, con normas heredadas de dictaduras y reformas recientes, contribuye a un marco que favorece la pérdida de control nacional sobre el territorio y los recursos.

El avance de proyectos extractivistas, como la explotación de Vaca Muerta mediante fracking, genera “pasivos ambientales significativos que no están siendo adecuadamente gestionados. Las empresas suelen compensar a las provincias económicamente, pero los daños ambientales persisten y no se remedian”, agreg+o

La extracción de arena en Entre Ríos para Vaca Muerta es un ejemplo. “La provincia provee el 80% de la arena utilizada, generando alteraciones irreversibles en el territorio, como inundaciones y pérdida de tierras productivas, mientras que la facturación se realiza como si fuera arena para construcción, minimizando el valor real del recurso”, remarcó Culaso.