«Por fin un juez nos escuchó»: alivio y sabor a poco tras la condena al exfuncionario Ruiz Orrico

Después de casi dos años de espera, la justicia entrerriana dictó una pena de 5 años y 8 meses de prisión para el exdirector del Instituto de Seguro. Lorena Dubini, madre de dos de los jóvenes fallecidos, compartió el dolor de un proceso marcado por los privilegios del poder y la calidez del apoyo.

La sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay fue el lugar donde el juez Darío Crespo adelantó el veredicto de su decisión. Una respuesta institucional a la madrugada trágica del 20 de junio de 2024. Aquel día, en el kilómetro 123 de la Ruta 39, cuatro vidas jóvenes se apagaron cuando el Volkswagen Passat del Gobierno de Entre Ríos conducido por Juan Enrique Ruiz Orrico invadió el carril contrario, bajo los efectos del alcohol.

El veredicto finalmente llegó este lunes. El magistrado declaró a Ruiz Orrico autor material de homicidio culposo agravado, debido al nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales. La pena se fijó en 5 años y 8 meses de prisión efectiva, junto a una inhabilitación para conducir por 9 años. Sin embargo, el banquillo del acusado estuvo vacío.

El exfuncionario optó por no asistir a la lectura, una decisión amparada por la ley que, para las familias, se sintió como un último desplante. Lorena Dubini es la madre de Brian y Lucas Isaguirre, dos de los cuatro trabajadores que perdieron la vida en el siniestro.

Para ella, el fallo deja sensaciones encontradas. Si bien reconoce un avance, asegura que la espera desgastó las expectativas de los familiares. “La justicia lenta no es justicia, se demoró un año y ocho meses”, señaló Lorena, quien describió el resultado como un «sabor a poco» frente a la magnitud de la pérdida.

La ausencia de Ruiz Orrico en la jornada de sentencia fue uno de los puntos que más dolió a los presentes. Mientras el exfuncionario seguía el proceso desde la comodidad de su hogar, las familias de Basavilbaso tuvieron que organizar una colecta para alquilar una combi y trasladarse hasta el tribunal.

Lorena fue tajante al respecto y consideró que las disculpas ofrecidas por el acusado durante el debate carecían de sinceridad. “Él pide perdón de la boca para afuera, porque si estuviera arrepentido habría estado hoy sentado ahí”, sentenció.

El relato de lo ocurrido aquella madrugada de junio todavía estremece. La investigación confirmó que Ruiz Orrico conducía con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido, lo que resultó determinante para la condena. El impacto no solo terminó con la vida de Brian y Lucas, sino también con las de Leonardo Almada y Axel Rossi, jóvenes que sostenían hogares y eran parte activa de sus comunidades.

A pesar de la amargura por los tiempos procesales, Dubini destacó la labor del juez Crespo, quien dedicó más de dos horas a fundamentar su decisión con un lenguaje accesible.

Para las madres, fue la primera vez que sintieron que el sistema hablaba su mismo idioma. “Por fin nos escucharon, por fin un juez hizo su trabajo sin inclinar la balanza”, reflexionó con un dejo de paz tras la audiencia. La claridad del magistrado al descartar los atenuantes de la defensa fue vista como un reconocimiento a la realidad que las pruebas gritaban desde el primer día.

La lucha de estos meses no fue solitaria. Lorena enfatizó que el apoyo de los vecinos de su pueblo y la visibilidad que dieron los medios de comunicación fueron los motores que evitaron que la causa quedara en el olvido. Para ella, el acompañamiento de la «gente de a pie» fue el refugio necesario cuando el sector político eligió el silencio. “Sin ese apoyo no hubiese sido posible esta lucha”, agradeció emocionada.

Hoy, a Lorena solo le queda un hijo, Diego, un camionero de 29 años que pasa gran parte de su tiempo en rutas internacionales. Aunque la condena está lejos de mitigar el dolor, el proceso entra en una etapa de definiciones técnicas.

Según adelantó Lorena, esperan que la defensa apele la sentencia, lo que podría dilatar el cumplimiento efectivo de la prisión. Mientras tanto, las medidas cautelares seguirán vigentes, prohibiendo al exfuncionario salir del país sin autorización.