Polémica en Concordia por un juicio laboral y el cierre de un restaurante

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia se ha manifestado en términos irónicos al comentar un fallo adverso a una empresa gastronómica concordiense en el marco de un juicio laboral.

La entidad empresarial emitió un documento titulado La “industria” más prospera de Concordia: la destructora de fuentes laborales, y se queja de lo que denominan industria del juicio laboral. Se indica que el restaurante Lo de Vivi ha debido cerrar sus puertas por el impacto económico que supuso ese revés judicial. Asistimos al sepelio de una pyme concordiense, indica la declaración que habla, además, de los puestos de trabajo que se destruyen en una ciudad que, agrega, está azotada por la pobreza estructural, se manifiestan indignados por el cierre del establecimiento y remarcan la angustia de los propietarios y de sus empleados.

En la declaración, asimismo, se asegura que en Concordia, parece haber una especial inquina hacia quienes tienen la osadía de contratar personal, y se agrega que la balanza de la llamada justicia, parece tener el mecanismo diseñado para inclinarse sólo a un lado.

Este pronunciamiento del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia se produce unos días antes de que el Congreso de la Nación comience a debatir la reforma laboral que impulsa la administración del presidente Javier Milei.

La abogada Ruth Ziegler, vicepresidente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, intervino en representación de un trabajador en el juicio del comedor Lo de Vivi, y, en declaraciones al programa En El Dos Mil También, que conducen Antonio Tardelli, Sebastián Martínez y Juan Cruz Varela por Radio Costa Paraná (88.1), señaló que este caso “ha tenido repercusión en las últimas horas en Concordia a partir de publicaciones en donde la opinión pública se empieza a dividir en cuanto a estas cuestiones que ocurren cuando transitamos juicios y reclamos laborales”.

– ¿Cuál fue el reclamo del trabajador y cómo fue la resolución de la justicia?

– Estamos hablando de un trabajador que se desempeñaba en el restaurante como cocinero, que estaba registrado en la categoría laboral en forma parcial; es decir, un trabajador que prestaba tareas durante 8 horas o más y solamente tenía registración por 4 horas.

Tuvo un accidente de trabajo y debió ausentarse para hacer el tratamiento y rehabilitación, y cuando se reintegra a mediados de 2023 para para retomar sus tareas, al día siguiente recibe la carta documento de despido.

Nosotros consideramos que había derechos vulnerados, en principio, por la defectuosa registración. Había diferencias de sueldo dado que el trabajador venía cobrando un monto que no correspondía en función de las tareas que prestaba. Tampoco estaba categorizado en función de la calificación y de las tareas que realmente hacía.

Y, por último, también reclamamos de que este despido a las 24 horas o seguidamente de que ocurre la reincorporación y el alta médica del trabajador, se trata, en realidad, de lo que nosotros diríamos en la jerga común, sacarse de encima al trabajador que viene accidentado, lesionado o incapacitado.

Todos sabemos que una persona que tiene alguna discapacidad o algún problema de salud generalmente es difícil, digamos, para los empleadores sostenerlo.

La Justicia consideró que efectivamente había ocurrido un despido discriminatorio. Así que lo que hizo también es condenar una indemnización por esto aparte de la indemnización por antigüedad y demás rubros.

– ¿De cuánto es el monto indemnizatorio?

– Le quiero contar algo que me llama poderosamente la atención porque se hablan de montos cuando dentro del proceso ni siquiera tenemos una liquidación aprobada.

Cuando se dicta una sentencia se establece un capital de condena, un monto de condena, que tiene que ver con lo que se reclama al inicio y el juez establece los intereses que hay que agregarle a ese capital. En esta instancia, el juicio todavía no tiene aprobada una planilla que implique capital más intereses.

Sí, por supuesto, que yo sé cuál sería el número, pero formalmente el juez no ha dictado la aprobación. Tampoco el empleador ha impugnado esta planilla, así que probablemente va a tener una aprobación de alrededor de los 40 millones de pesos.

– Ese monto se deberían efectivizar de qué manera, en qué momento.

– La sentencia dispone que se tiene que abonar dentro del plazo de 10 días.

La realidad es que la sentencia quedó firme, la parte empleadora no ha hecho uso de la posibilidad de apelar la sentencia, así que la acción para ejecutar esa sentencia va a quedar expedita una vez que se apruebe la liquidación.

– Ha cerrado efectivamente este comedor, ¿qué se puede decir respecto de la incidencia de este eventual monto en la crisis de esta pyme?

– Un juicio de este importe, por supuesto, es alto para cualquier empresa. Yo no estoy diciendo que esto sea sencillo, lo que sí puedo decirle es que ha habido posibilidades de negociación durante todo el trámite. Estamos hablando de un reclamo que tiene más de dos años ya. Ha habido audiencias de conciliación y no se ha logrado un acuerdo; es decir, no es que esto cae ahora de sorpresa y la empresa no lo conocía.

Lo que yo advierto es que en esta situación es más fácil que la culpa la tenga el trabajador que reclama. De hecho nosotros venimos viendo una secuencia de situaciones y de opiniones que vienen en ese sentido desde los lugares de poder, donde, por supuesto, en este tiempo sensible que recaiga la culpa sobre el trabajador en realidad es el mejor chivo expiatorio.

– ¿Había algún antecedente de conflictos, de largas ausencias, de licencias del trabajador en la empresa?

– No, para nada.

– ¿Y qué sucede ahora con el resto de los trabajadores?

– Desconozco cuál es la situación del resto de los trabajadores. Lo que sí debo decir es que si van a extinguir un contrato de trabajo deberían, por supuesto, indemnizar como corresponde de acuerdo a la legislación.

Hay un dato no menor: durante todo el juicio no se trabaron medidas cautelares ni se impidió el giro comercial. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna maniobra como para impedir que la empresa funcione debidamente. Entonces eso da cuenta de que en realidad estamos hablando de un comercio que ya venía con un declive económico, que no tiene nada que ver con esta deuda, de la cual toman conocimiento con la sentencia, a fines de octubre.

– Desde el sentido común, ¿qué le diría usted a una pyme que podría enfrentar una situación de esta naturaleza?

– Primero quiero comentarle que no existe la regla de que los juicios laborales se pierden, porque hay un imaginario cognitivo de que todo juicio laboral se pierde. No es así.

Los juicios laborales tienen la misma posibilidad de ganarse o perderse que cualquier juicio. El punto es que en la mayoría de los casos los empleadores no cumplen con sus obligaciones; es decir, muchas veces nos encontramos con registraciones defectuosas, con sueldos impagos, con que no se llevan las planillas de horario. No están en regla, pero el que sí está en regla no tiene por qué tener temor de contratar personal, esa es la realidad.

Así que yo creo que no habría que tener ningún miedo en este sentido. Y como decimos nosotros, cuando entre colegas nos reunimos, las leyes laborales no crean empleo y tampoco modifican la economía que está vigente o que se está dando en cierto momento en alguna sociedad o en una ciudad determinada.

La realidad es que las leyes laborales no modifican la economía de la ciudad de Concordia.

Esto viene desde otro lugar y quizás sí sea el análisis más fácil y rápido, y es el que más nos polariza como sociedad.

Mi cleinte tuvo derechos vulnerados durante todo su contrato de trabajo, se accidentó, lo despidieron cuando se reincorporó, tuvo que hacer un juicio durante dos años y hoy ni siquiera tiene la seguridad de que va a cobrar el crédito que está fallado.

El punto sería este: el lugar más débil de la situación para juzgar es el trabajador. Pero por qué no hacemos un análisis que vaya más allá, porque esto, en realidad, es una demostración de lo que ocurre en otro espacio, en un espacio económico, político, y lo que está viviendo no solo Concordia, sino el país.

Entonces, más allá de hablar de la industria del juicio, podríamos empezar a hablar de cómo hacer las cosas bien y de cómo hacer que los comerciantes y las empresas puedan estar en regla y puedan ordenarse. Creo que eso sería una política muy importante.