Piden la prórroga de la ley de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria

Más de la mitad de los argentinos son pobres. Así lo reflejan los datos económicos oficiales dados a conocer este último jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec).

El estudio muestra que la pobreza llegó al 52,9% en el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento de 11 puntos con respecto al segundo semestre de 2023 y desde que Javier Milei asumió el poder, en diciembre pasado. De esta forma, la cantidad de personas pobres en el país bordea los 25 millones.

Ante este doloroso marco, que golpea muy duramente a la sociedad, desde la organización Libres del Sur salieron a pedir la prórroga de la Ley de Emergencia Social que vence en diciembre próximo.

Julián Jarupkin, dirigente de Libres del Sur, en diálogo con el programa Sexto Sentido, que conducen Jorge Ballay y Pablo Lescano por Radio Costa Paraná (88.1), recordó que “nosotros venimos previniendo esto desde la Mesa contra el Hambre”, y, por eso, “presentamos tempranamente la Ley de Emergencia, que es la que habilita la Mesa de Diálogo social”.

“Hoy vemos que los recursos se han abierto, no de la manera que queremos, porque siguen siendo insuficientes, pero la Mesa de Diálogo Social es parte de una herramienta fundamental para plantear qué es lo que se necesita y de dónde se necesita”, agregó, al tiempo que valoró esta herramienta que “funcionó porque se ha ampliado el presupuesto en lo alimentario, que es una prioridad”.

Jarupkin, asimismo, señaló que los indicadores “no dan una buena perspectiva ni a corto ni a mediano plazo, sino que, como lo dijo el Presidente de la Nación, lo que se va a venir es ajuste, ajuste y más ajuste. Entonces, es una herramienta fundamental que debería también ampliarse en un futuro próximo. Y no solo eso, como esta herramienta termina el 31 de diciembre, habría que prorrogarla para 2025.

El dirigente de Libres del Sur observó que a ampliación del presupuesto “queda corta ante aumento de la inflación, que todavía no se detuvo”.

– ¿Cuántos merenderos y comedores están atendiendo en este momento?

– Desde nuestra organización son 34 en la provincia. En Paraná son 10. Tuvimos que cerrar dos justamente por la falta de dinero para sostener las garrafas con las cuales se cocina.

Ya veníamos en decadencia en eso por la falta de presupuesto. Las garrafas también, acordémonos que se liberaron los precios y aumentaron un 50% aproximadamente. Y se consumen por comedor y por mes entre 4 y 5 garrafas. Todo eso sale del bolsillo de la gente.

Una de las propuestas concretas que hicimos, lo dije dentro de la Mesa de Diálogo Social a los funcionarios y a los legisladores, es que necesitamos tener mayor dinámica en la habilitación de tarjetas sociales de comedores y merenderos, sobre todo los que están funcionando, y que en ellas ingrese por lo menos una o dos garrafas mensuales y que la gente se ocupe realmente de brindar la asistencia como corresponde, con alimentos frescos, con alimentos secos, y además pudiendo tener algunas herramientas para poder cocinar.

– ¿El aporte del Estado provincial qué porcentaje cubre de los gastos de los comedores?

– De los que tienen la tarjeta habilitada, que no son muchos de los merenderos y comedores de las organizaciones sociales, cubre un porcentaje muy pequeño. En nuestro caso no tenemos ni siquiera habilitada una tarjeta social Sidecreer, y tenemos que afrontar los gastos con el esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras, con el esfuerzo de la organización, y con esto de recorrer los negocios cercanos que cada vez aportan menos solidariamente, porque no pueden, claramente.

 ¿Qué es esto del 600% de crecimiento del presupuesto?

– Es un aumento para la compra de elementos secos, previniendo lo que vendría a ser una futura inflación. Acordémonos que estas burocracias del Estado se llevan para habilitar una compra, una licitación, entre 8 y 10 meses. Entonces estamos viendo que el aumento que se va a dar es algo necesario, pero también estamos viendo que eso se va a estirar muchísimo en el tiempo, y los precios van a cambiar, y la capacidad de respuesta de los módulos secos se va a achicar totalmente.

Entonces, si se preveía comprar 150.000 módulos, capaz que se compran 100.000, y eso va a ser una dificultad futura. Por eso pedimos la prórroga de la ley de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria, que permite, en dos meses, tener presupuesto para poder comprar alimentos.