Para Goyeneche, el fallo de la Corte por el caso Cozzi es una “gratísima” noticia

La Corte Suprema de Justicia ordenó que se siga investigando a un ex radical Ricardo Troncoso, imputado de peculado en una causa por contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos. Lo hizo al hacer lugar este jueves al pedido de la Procuración General de Entre Ríos y revocar una sentencia que había dictado el sobreseimiento.

El principal argumento de la Justicia entrerriana para dar por cerrada la causa era que la Fiscalía no había pedido prórroga en la investigación, tal como lo establece el artículo 223 del Código Procesal Penal local. Pero el procurador general de Entre Ríos reclamó la intervención de la Corte Suprema. Sostuvo que el Superior Tribunal de Justicia había creado una causal de extinción de la acción penal no prevista en el Código Penal de la Nación. También cuestionó que se trataba de un supuesto de gravedad institucional porque de modo abrupto y sorpresivo implicaba el cierre de una causa de corrupción que podría arrastrar la responsabilidad internacional del Estado.

La Corte hizo lugar al recurso y revocó el sobreseimiento. “Las provincias no tienen facultades para dar por cerradas investigaciones en términos que no están contemplados en el Código Penal de la Nación”, señaló el máximo tribunal del país.

La ex procuradora adjunta y ex fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, durante una entrevista con el programa En El Dos También, que conducen Antonio Tardelli, Sebastián Martínez y Juan Cruz Varela por Radio Costa Paraná (88.1), calificó de “gratísima” a la noticia de este fallo de la Corte. “Lo estábamos esperando y sabíamos con certeza que la Corte iba a fallar así porque tenía muchos fallos anteriores, por eso todos los que creemos en el Derecho nos habíamos disconformado fuertemente con el fallo Cozzi del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”, señaló.

En el fallo Cozzi, vale recordarlo,  el STJ pretendió imponer un criterio para acortar los plazos de investigación y que se ha aplicado mayormente en investigaciones por delitos de corrupción. El fallo lleva el nombre del denunciante de un hecho de corrupción, Carlos Gabriel Cozzi, quien había denunciado al entonces diputado provincial Ricardo Troncoso (UCR-Tala) y a su asesor, Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, por la retención indebida de una parte del monto de su contrato en la Legislatura.

“Eran causas cuya investigación estaba terminada y cuando se fue a hacer la elevación a juicio se esgrimió que había pasado más de un año y medio en la investigación y que entonces la fiscalía no tenía derecho a hacer esa acusación”, explicó Goyeneche.

El Código Procesal, precisó, “tiene una regla que establece que las investigaciones deberían durar seis meses, que se pueden prorrogar por hasta un año y medio, entonces, en este caso, más allá de las prórrogas, la investigación había durado más de un año y medio, y por eso se dispone directamente el sobreseimiento”.

Además, acotó Goyeneche, estas causas “tuvieron un simbolismo muy grande porque fueron acompasadas con el juicio de Sergio Urribarri, en el segundo semestre de 2021, y con mi suspensión en el cargo. Fue todo un momento histórico dentro de la provincia donde se realizaron un montón de maniobras que yo siempre he sostenido, encabezadas por algunos de los vocales del Superior Tribunal, de la Sala Penal en particular, tendientes a sostener o a convalidar algunas situaciones de impunidad dentro de la provincia”.

– El fallo Cozzi supuso, diciéndolo un poco más directamente incluso, una puerta abierta para que todos los abogados defensores tuvieran un buen argumento sobre la base de esa jurisprudencia para pedir el sobreseimiento de personas muy involucradas en casos de corrupción, a partir de algo parecido a una prescripción que no es exactamente lo mismo pero que funciona más o menos parecido.

– Sí, es lo mismo, con otro nombre, pero es exactamente lo mismo y por eso la Corte dice que las provincias no pueden regular sobre esto porque sobre la prescripción regula el Estado Nacional. Incluso ha declarado la inconstitucionalidad de algunos artículos de códigos procesales de otras provincias que estaban diciendo esto.

Esto era la esencia del proyecto de reforma del Código Procesal Penal que impulsó también la Sala Penal –Carubia, Mizawak– y que acaba de dar de baja el gobernador Rogelio Frigerio.

– Este fallo obliga al Superior Tribunal a dar marcha atrás, pero me pregunto también si es un mensaje para que la Legislatura reforme ese artículo del Código Procesal Penal que, por lo menos, dio espacio a esa interpretación de la Sala Penal.

– No es necesario, ni siquiera es necesario porque no dice eso el artículo. El artículo dice que las investigaciones tienen que durar tanto tiempo, pero jamás dice que eso implica que la Fiscalía pierda la posibilidad de acusar.

Hay un montón de normas que establecen plazos a los jueces para dictar sentencia, pero generalmente esas normas no tienen como consecuencia la nulidad del procedimiento, es una orientación, sabemos que los jueces no cumplen esos términos y muchas veces es razonable porque el sistema está atiborrado, no tienen tiempo, no hay posibilidad de hacerlo.

– El pedido de elevación a juicio, ¿podría ser pronto ante este fallo de la Corte Suprema?

– Claro, ahora lo que queda es la elevación a juicio ya se había hecho y en el caso de Troncoso, la doctora Paola Firpo había dispuesto el sobreseimiento como respuesta al pedido de remisión a juicio.

Así que ahora lo que va a quedar es hacer la audiencia, y destaco en esto que los jueces de Garantías de Paraná y de la provincia, muy dignamente, no les llevaron el apunte al Superior Tribunal en dictar sobreseimientos a consecuencia de la jurisprudencia de Cozzi.

– ¿Hay alguna lectura política o de política institucional que podamos hacer frente a esta reiteración de, dicho en el lenguaje vulgar, esta reiteración de tirones de oreja que le hace la Corte Suprema al Superior Tribunal de Entre Ríos?

– Creo que es bastante claro que, por decirlo de alguna manera, el rey está desnudo. Lo que pasó en 2021-2022 en Entre Ríos, que tiene estos dos antecedentes en la Corte –el caso de mi destitución y el caso de Cozz–, muestran lo que es bastante obvio: fueron acciones para procurar la garantía de impunidad que tomaron algunos miembros del Superior Tribunal de Justicia y que fueron evidentes. Y, entonces, en nuestro país la verdad es que la Corte –puede gustarnos o disgustarnos, podemos criticarla en algunos aspectos– tiene parámetros de racionalidad jurídica que son bastante rígidos, entonces no dice disparates en general.