Osuna respaldó la estrategia de Cristina de recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU

“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, explicó la expresidente en la carta abierta.
La diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, en declaraciones al programa Malos Perdedores, que conducen Exequiel Flesler, Analía Winkelmann e Ignacio Koonrstra por Radio Costa Paraná (88.1), opinó que en el escrito “se plantea que los jueces argentinos que participaron en todo el procedimiento que llevó a cabo la Justicia respecto a su juzgamiento, sean sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y definió a la estrategia de la exmandataria nacional como “importante, sustantiva, sobre la base de una cuestión que nosotros venimos denunciando que es la proscripción de la líder más importante de la oposición”.
La inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner para ejercer cargo públicos, según la mirada de Osuna, “constituye una violación a las reglas democráticas y a la Justicia imparcial, afectando la libre expresión de los sectores políticos en Argentina”. Sostuvo, además, que “la proscripción de líderes opositores, como ocurrió históricamente con Juan Perón, priva al electorado de elegir libremente y debilita la legitimidad democrática”. La defensa de Cristina no solo es personal, sino que se presenta como una lucha por los derechos políticos de toda la ciudadanía, utilizando todas las herramientas legales disponibles para revertir la inhabilitación.
Teknofood
En otro orden, Osuna cuestionó la decisión del Gobierno provincial de modificar el esquema de provisión de alimentos a los comedores escolares y la concesión del servicio a la empresa Teknofood.
“Vulnera derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de los trabajadores del sector”, dijo la legisladora, al tiempo que denunció “un aumento desproporcionado de costos y la conversión del servicio en un negocio lucrativo para el Gobierno provincial, en línea con antecedentes de manejo de recursos estatales en áreas como medicamentos, compras centralizadas e inmobiliarias”.
Criticó también “la exclusión de voces relevantes, como la Sociedad Argentina de Pediatría y asociaciones de nutricionistas, quienes no fueron consultados a pesar de la existencia de una ley nacional de alimentación saludable que restringe el consumo de ultraprocesados”. Además, se cuestiona “la idoneidad del responsable del área, un funcionario externo a la provincia y sin experiencia local”, sugiriendo que su designación responde a intereses comerciales.