OSER: el síndico opositor aseguró que los problemas estructurales se profundizaron

La creación por ley de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) –que reemplazó al Iosper–, según argumentó el oficialismo, tenía como objetivo mejorar la eficiencia administrativa, aumentar la transparencia, agilizar los reintegros y fortalecer prestaciones como, por ejemplo, la atención odontológica. Desde el Gobierno provincial se sostiene que la situación actual es mejor que la de la etapa anterior, con más prestaciones, menores gastos y un resultado operativo positivo.
El síndico opositor Pablo Giampaolo, sin embargo, cuestionó esa evaluación y afirmó que la nueva gestión “no mejoró los problemas estructurales, sino que los profundizó”. También advirtió que la circulación pública de reclamos habría disminuido porque “el tema dejó de ocupar la agenda mediática, no necesariamente porque las dificultades hayan sido resueltas”.
Conflicto por la función de la sindicatura
Giampaolo, durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), sostuvo que “no existe todavía una denuncia penal formal, pero considera que podría configurarse el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 248 del Código Penal”. El fundamento es la Circular 126, emitida por el directorio, que exige la firma conjunta de ambos síndicos para solicitar información, elaborar análisis y elevar informes a los Poderes Ejecutivo y Legislativo o al Tribunal de Cuentas.
Según Giampolo, esa exigencia le impide cumplir de manera independiente las obligaciones establecidas por la ley y por el artículo 175 de la Constitución, especialmente informar irregularidades al Tribunal de Cuentas. Ya realizó presentaciones ante el Senado, la Presidencia de la obra social y el Tribunal de Cuentas; si la situación administrativa no se corrige, anticipó que podría presentar una denuncia penal.
También afirmó que “continúan irregularidades previamente señaladas y que han aparecido otras nuevas”. Por ello, además del abuso de autoridad, podría configurarse el incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 249 del Código Penal. A su juicio, “la restricción para acceder a información y elevar informes contradice directamente el objetivo de transparencia proclamado por la reforma”.
Situación económica
El segundo informe del síndico, que no pudo elevar formalmente por las restricciones impuestas, sería más negativo que el primero presentado en febrero. Describe una crisis económica caracterizada por:
– Aumento de los resultados negativos.
– Crecimiento considerable del pasivo.
– Incremento de créditos pendientes de cobro y de créditos morosos.
– Aumento del gasto total.
– Dificultades para pagar a prestadores y sostener convenios.
Giampaolo cuestionó la afirmación oficial de que el déficit disminuyó gracias a una reducción de gastos. Según los estados contables publicados, “el gasto total aumentó 43%, por encima de la inflación anual del 31,5%”. La reducción aproximada del déficit del 6% se explicaría, en cambio, por un aumento de los ingresos, principalmente mediante mayores aportes de los afiliados.
De unos 266.000 millones de pesos de ingresos en 2025, aproximadamente 239.000 millones —el 89%— provendrían de aportes de afiliados, incluidos incrementos de aportes y del fondo voluntario. El pasivo habría pasado de 10.000 millones en 2023 a 56.000 millones en 2024 y a 80.000 millones en 2025. El gasto, por su parte, habría aumentado de 67.000 millones en 2023 a 289.000 millones en 2025.
Prestaciones, reintegros y amparos
La crisis financiera, según el síndico opositor, repercute en la atención. Mencionó problemas con prestadores, convenios caídos, incertidumbre sobre los pagos, cobros adicionales y necesidad de pagar consultas o tratamientos para luego solicitar reintegros. Estos reintegros cubrirían entre 40% y 70% del valor reconocido por la obra social y podrían demorar entre dos y cuatro meses; también mencionó casos de hasta ocho meses.