Opinan que sin un sistema de justicia a favor del pueblo, todos los derechos están en riesgo

Natalia Salvo es abogada laboralista, docente universitaria y presidente de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas 7 de Julio. En las últimas elecciones legislativas, además, fue candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Salvo, durante una entrevista con el programa Sexto Sentido, que conducen Jorge Ballay y Pablo Lescano, por Radio Costa Paraná (88.1), cuestionó duramente al Poder Judicial de la Argentina, y, en este sentido, opinó que “sin un sistema de justicia a favor del pueblo, todos los derechos están en riesgo”.

La abogada, luego de los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente luego de las absoluciones de Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger en distintas causas, habló del concepto de libertad. “Se apela a la libertad, que establece la Constitución Nacional, sólo como libertad de mercado, que está en sintonía con ciertos tribunales –sobre todo los tribunales penales– y no a la libertad sindical, por ejemplo. Todo lo que es materia laboral, al parecer, vuelve a pasar por camino del Derecho Penal, es extorsión, es intimidación, y no es libertad sindical que es un derecho constitucional”, remarcó.

“Y lo mismo está sucediendo, fundamentalmente en el ámbito penal, con exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Salvo, asimismo, se refirió al “tiempismo político” de la Corte Suprema, y puso como ejemplo, “los juicios por delitos de humanidad que aún no ha sido resuelto y están esperando una definición y no tiene plazo para para dictar su sentencia, tal el caso de Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, que murió con lo que se llama impunidad biológica, es decir, no tuvo sentencia de la Corte”

Cristina Fernández de Kirchner, sin embargo, “en 70 días obtuvo una sentencia”.

Aludió, en este sentido, a la absolución del expresidente Mauricio Macri en la causa del hundimiento del submarino ARA San Juan. “No estamos hablando de cualquier causa por allí hay una violación escandalosa a la Ley Nacional de Inteligencia. Y, sin embargo, todos los tribunales se encargaron de dejar impune a Macri”, cuestionó.

– Así como alguna vez el Consenso de Washington nos impuso sucesivos golpes históricos en la Argentina, hoy la guerra judicial, el Lawfare, es la forma pergeñada desde el mismo lugar, con las mismas intenciones de dominio, Sin democratización de la Justicia no hay salida, doctora, ¿O ustedes ven otra cosa?

– No, no sólo que no vemos otra cosa, sino que yo iría un poco más atrás del Consenso de Washington, que es justamente la última dictadura cívico-militar. ¿Por qué? Porque en toda América se pretendió implementar un modelo económico-financiero que tenía que destruir las conquistas obtenidas al amparo del estado social de derecho. Eso fue profundizado por el Consenso de Washington, que en nuestro país lo vivimos con los efectos desreguladores, privatizadores, destructores también de derechos de los dos gobiernos de Carlos Menes y también de la Alianza. Mauricio Macri intentó hacer también, por ejemplo, una reforma judicial y previsional, y no pudo.

Pero eso que tuvo que ver, antes, con las dictaduras latinoamericanas, hoy e hace hace a través del instrumento del Poder Judicial. Antes el poder militar como brazo armado, brazo ejecutor de ese poder económico, hoy el Poder Judicial.

En México, por ejemplo, (la presidente) Claudia Sheinbaum estableció el voto popular de los jueces.

Fijémonos, además, que el Poder Judicial, tal como lo concibió incluso el mismísimo Alberdi, es un poder residual. ¿Por qué residual? Porque no está intervenido por la voluntad popular. Ahora, después de la reforma constitucional de 1994 se eligen los jueces de tribunales inferiores a través de los consejos de la magistratura. Pero ahí hay una participación indirecta.

Hay una especie de sacralización del Poder Judicial. Es como si tuviera la posibilidad de determinar absolutamente todo y por eso es necesario que esté lejano al pueblo. Pero no hay control, no hay fiscalización de sus conductas.

Tiene que necesariamente intervenir el pueblo en la democracia. Por supuesto que habría que hacer una reforma constitucional. Pero hay mucho miedo hablar de reforma constitucional, excepto cuando lo plantea el capital.

Sin pueblo, el Poder Judicial va a seguir funcionando con la misma lógica.

– La democratización de la Justicia como paradigma político, ¿usted lo ve crecer o lo ve declinar en la Argentina de hoy?

– Yo le diría que ninguna de las dos cosas aún, porque, desde mi punto de vista, se tuvo mucho temor a instalar esta agenda, porque obviamente no era una agenda primaria, económica, de restablecimiento de la dignidad en términos de ingresos.

Entonces yo creo que está, no sé si decirle estancada, pero hay más ánimo ahora de plantear esa cuestión por todos estos temas de sentencias con determinadas personas de manera escandalosa.

El sistema de justicia goza de uno de los mayores descréditos. Ocho o nueve de cada diez argentinos no cree en ese sistema de justicia. Sucede que el sistema de justicia no es sólo para la persecución judicial, tampoco está brindando el servicio público necesario en otras disciplinas y para los ciudadanos. Y eso es lo que ayuda también a empezar a hablar de una democratización del sistema de justicia, un cambio.

– Noto, sí, que el ciudadano descree del Poder Judicial, pero no noto que el Poder Judicial o sus jueces estén preocupados, lamentablemente.

– Cuando el 3 de mayo de 2017 la Corte Suprema dicta un fallo estableciendo el famoso dos por uno con de la pena para delitos de lesa humanidad, la sociedad salió a manifestar y la Corte tuvo que rever ese temperamento.

Me parece que lo que falta para que estos jueces se preocupen es que la ciudadanía advierta, que sin ese sistema de justicia a favor del pueblo, nuestra vida, nuestra seguridad, nuestro patrimonio, todos los derechos están en riesgo.