Manifestación contra las políticas de Milei y reclamos a Frigerio

La medida afecta directamente a más de 21.000 familias en Entre Ríos, al eliminarse un subsidio de 78.000 pesos mensuales que, aunque insuficiente, resultaba fundamental para cubrir necesidades básicas como gas y útiles escolares, y para sostener actividades comunitarias en barrios vulnerables.
La eliminación del programa, además, “incrementa la vulnerabilidad social” dado que “muchas personas dependen de ese ingreso para complementar trabajos informales y mantener comedores y merenderos comunitarios”, señaló Carina Romero, integrante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), en declaraciones al móvil de Radio Costa Paraná (88.1), durante el programa Malos Perdedores, que conducen Exequiel Flesler, Analía Winkelmann e Ignacio Koonrstra.
Romero estimó que dejarán de circular entre 700 y 1.000 millones de pesos en la provincia, agravando la situación económica local.
Denunció, además, que “mientras se recortan ayudas sociales, los senadores nacionales se aumentaron sus salarios y continúan los pagos al FMI”. Es “un ataque muy brutal” a los sectores más vulnerables, agregó Romero, quien, además, criticó al gobernador Rogelio Frigerio porque “tampoco ha dicho nada en relación a esta política que va a tener un impacto económico muy grande en la provincia”.
Tamara Belares, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), por su parte, señaló que las organizaciones “exigen la continuidad y el aumento del programa Volver al Trabajo, así como la reapertura de convenios para cooperativas de trabajo, con el objetivo de generar empleo genuino y evitar la dependencia de la asistencia alimentaria”. También reclaman “la reactivación de partidas alimentarias para comedores y merenderos, que llevan cuatro meses sin recibir aportes” del Gobierno provincial.
Belares, asimismo, señaló que la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, ha manifestado que no se hará cargo de decisiones tomadas a nivel nacional, mientras las organizaciones sostienen que la provincia podría implementar “medidas paliativas”.
Denunció, en este sentido, “una falta de voluntad política para resolver los problemas de la economía popular, mientras sí se observa acción para otros sectores, como la contratación directa de empresas para comedores escolares”.
Las organizaciones sociales, sindicatos y gremios provinciales, en este marco, han decidió continuar con el plan de lucha conjunto contra las políticas consideradas neoliberales de los Gobiernos nacional y provincial. Se prevé una jornada de protesta unificada el 7 de agosto, con el objetivo de reclamar tierra, techo y trabajo para todos, y se invitó a la sociedad a sumarse a la movilización.