Llegó el Día D para la reforma previsional

Este miércoles, a partir de las 11, la Cámara de Diputados de Entre Ríos trata, y, seguramente, convertirá en ley el proyecto de reforma previsional que impulsa la administración del gobernador Rogelio Frigerio.
Mientras, en el centro cívico paranaense distintos sectores, fundamentalmente gremios estatales y organizaciones de jubilados, vuelven a protestar contra la iniciativa oficial.
El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Andrés Besel, en declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), volvió a expresar el rechazo del gremio, entre otras razones, por “la falta de transparencia y participación en el proceso legislativo”.
Recordó, en este sentido, que inicialmente “sólo se presentaron lineamientos generales (vectores) sin detalles claros, y que el proyecto de ley completo fue difundido pocos días antes de su tratamiento, lo que impidió un debate adecuado”. Los sindicatos consideran que el proceso fue “engañoso” y que no se brindó suficiente tiempo para exponer sus posturas, citando como ejemplo que solo dispusieron de 10 minutos para intervenir en el Senado.
Besel insistió en que la reforma “perjudica económicamente tanto a los jubilados actuales como a los futuros, y afirman que continuarán oponiéndose por vías democráticas y judiciales si es necesario”.
La estrategia será analizar el texto final de la ley con asesores legales, una vez aprobada y reglamentada, para determinar posibles acciones legales.
La presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Juana Ávalos, por su parte, durante una entrevista con el programa Ruido de Mate, que conducen Andrea Venturini, Marcelo Medina, Martín Echagüe y Julio Galera por Radio Costa Paraná (8.1), cuestionó la reforma previsional porque “reducirá el haber jubilatorio al 64% del salario, en línea con el sistema nacional, en contraposición al 82% móvil vigente en Entre Ríos. Esto implicaría una reducción significativa de los ingresos de los jubilados, profundizando la crisis económica que ya enfrentamos. Además, se han implementado descuentos retroactivos del 3% a jubilados recientes”, medida considerada inconstitucional por afectar derechos adquiridos y aplicarse de manera retrospectiva.
El acceso a medicamentos, observó Ávalos “se ha deteriorado: la cobertura, que antes llegaba al 100%, ha descendido al 70% o incluso al 40% en muchos casos, obligando a los jubilados a afrontar altos costos, especialmente en tratamientos para enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Esta situación obliga a algunos a reducir o saltear medicación, priorizando gastos básicos como alimentación, vestimenta y servicios. El poder adquisitivo de los jubilados se ve erosionado por la inflación y la insuficiencia de los reajustes jubilatorios”.
Mientras, Claudio Puntel, secretario de Derechos Humanos y Cultura de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), consideró que la reforma previsional implica un “saqueo” a los salarios y condiciones jubilatorias, y denunció “la falta de consenso social y legitimidad” para su aprobación.
Observó, además, que “el vallado y la fuerte seguridad en la Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados reflejan el carácter antidemocrático del Gobierno y su temor a la movilización popular”.
En declaraciones al móvil de Radio Costa Paraná, a cargo de Fabio Rodríguez Freire, durante el programa Ruido de Mate, Puntel cargó contra los legisladores porque “muchos desconocen el sistema jubilatorio provincial y votan por disciplina partidaria o intereses personales, no por convicción ni conocimiento. La difusión pública de los aspectos negativos de la reforma generó incomodidad entre los legisladores y evitó la división entre trabajadores estatales y el resto de la sociedad, como pretendía el Gobierno”.
En caso de aprobarse la reforma, Puntel dijo que los sindicatos y organizaciones continuarán la lucha a través de acciones legales, dado que consideran que la ley es inconstitucional y generará numerosas demandas judiciales. Sin embargo, enfatizan que la principal herramienta seguirá siendo la movilización en las calles, los lugares de trabajo y los barrios.