Le dan más tiempo a la chatarrería Todoni para retirar los residuos peligrosos

La Justicia otorgó un nuevo plazo de seis meses a la empresa Las 3E SRL para que retire todo el material depositado en el predio de avenida Circunvalación José Hernández 2.561. La decisión fue adoptada por la vocal de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Teresita Mastaglia, en el marco de una audiencia convocada en el proceso abierto por la necesidad de remover toneladas de residuos acumulados en la empresa Las Tres E SRL, conocida como charratería Todoni. Esa remoción había sido ordenada ya por la Justicia el 29 de julio de 2024. Una de las propietarias de la firma, Romina Todoni, concejal de Paraná en representación de La Libertad Avanza, manifestó su cansancio ante las críticas que formulan los vecinos.

Aparentemente cansada también, la magistrada dijo, “si en seis meses esto no se termina, voy a proceder a la licitación”.

En julio del año pasado, efectivamente, se había dispuesto el retiro y la relocalización de residuos, algunos de ellos incluso peligrosos. Aquella determinación había sido ratificada por el Superior Tribunal de Justicia. Las dilaciones de la empresa generaron una causa penal por desobediencia.

En representación del Gobierno de la provincia, en la audiencia participó el director legal de la Secretaría Ambiente de Entre Ríos, Osvaldo Fernández, señaló que la jueza Mastaglia “ha sido muy clara y enfática en cuanto a que éste es el último plazo que se otorga para que la parte demandada y condenada efectivice el retiro de todos estos residuos, muchos de carácter peligroso, dado que hay allí una mezcla de todo tipo de residuos propios de la operación comercial de esta empresa, pero que al estar mezclado con residuos peligrosos directamente se consideran peligrosos, razón por la cual la remoción y el traslado implican la disposición final, es decir la destrucción”.

Fernández, en declaraciones al programa En El Dos Mil También, que conducen Antonio Tardelli, Sebastián Martínez y Juan Cruz Varela por Radio Costa Paraná (89.1), agregó que “ese tipo de residuos, tanto los peligrosos como aquellos no peligrosos, pero que están contaminados, tienen que trasladarse a un lugar a través de un transporte habilitado y a un lugar o a una empresa que haga ese tratamiento o disposición final también con autorización legal”.

– ¿Cómo se define el lugar?

– No hay muchas empresas en la zona que se ocupen de ese tipo de tareas, sí hay transportes habilitados, y, eventualmente, podría trasladarse a una empresa que esté fuera de la jurisdicción de nuestra provincia.

En el lugar tenemos el predio de la empresa y un lugar lateral que no es parte de la empresa, sino que está alquilado. Nosotros planteamos que había que hacer un trabajo simultáneo, que es el retiro inmediato de todos estos residuos que están fuera del predio de propiedad de la empresa, y dentro del lugar que es propiedad de esta empresa condenada, había que hacer una urgente clasificación entre residuos peligrosos y los no peligrosos para proceder de inmediato a su traslado.

En algún caso, la propia empresa señaló que hay fardos que se han se han acumulado, se han preparado para su destino comercial y eso sí podrá hacerse, en otros casos no, directamente tiene que hacerse el traslado y la disposición final.

La decisión de la jueza se toma luego de escuchar a las partes, donde establece, por un lado, ese plazo de seis meses para este retiro, es decir, que el lugar tiene que quedar libre de estos residuos, y ahí les recuerdo que el fallo original de julio del año pasado también dispone de la recomposición del lugar, porque obviamente hay una afectación en el suelo, no sabemos si están afectadas las napas de agua, pero sí, el suelo y toda la zona circundante y por supuesto todo esto ha generado una serie de malestares y de posibles afecciones a la salud de los vecinos.

– ¿Qué tipo de residuos peligroso hay?

– De todo. Hay una categorización a través de la ley nacional 24.050, que establece precisamente qué son residuos peligrosos. Hay pinturas, baterías, sustancias de distinto origen.

Todos los costos de esta remoción y traslado son a cargo de la empresa, no sólo demandada, sino condenada.

– ¿Qué alegó la empresa para explicar su actitud de no haber cumplido con el mandato judicial de julio de 2024?

– La empresa condenada hace rato que viene dando vueltas, presentando propuestas y planes que nosotros hemos tachado de absolutamente inconducentes y carentes de viabilidad técnica. Finalmente, ahora sí han presentado algunas actualizaciones, a través de responsables técnicos que han contratado, y, en consecuencia, ahora tienen sí o sí que remover estos residuos y trasladarlos, dejar el predio en condiciones para iniciar la recomposición.

La jueza dispuso que todo esto se haga bajo el control técnico, tanto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como de la Municipalidad de Paraná. Y todo esto fue dispuesto bajo apercibimiento de que si no se hace en este plazo de seis meses, va a proceder a la licitación.

¿Qué es esto? Es una propuesta que hizo el Municipio de Paraná de proceder precisamente a licitar todos esos residuos para que una o varias empresas que resulten oferentes por un lado y luego adjudicatarias dispongan de esos residuos y, por supuesto, habrá, en ese caso, algún tipo de ganancia para estas empresas a expensas de la venta o de esa disposición de los residuos

– Una de las propietarias de la empresa dijo que estaba cansada de escuchar a los vecinos que hablaban de una situación de 2003 y no de la actualidad. ¿Mejoró la gestión de los residuos la empresa en todos estos últimos años para para sostener eso?

– No, de ninguna manera. Yo me remito a la condena judicial de julio del año pasado. No hubo ninguna mejora, y, realmente, a uno le sorprende esas expresiones de una de las propietarias frente a lo que han venido padeciendo los vecinos. Esto no es una opinión, es lo que surge de la sentencia que inclusive mereció la ratificación del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, se agotaron todas las instancias judiciales y hay condena firme. Así que aquí no hay lugar a opinión y sólo queda el cumplimiento efectivo de esta sentencia.

– Más allá de esta condena, ¿hay otra causa penal en curso en contra de la empresa?

– Efectivamente, y hoy también lo recordó la doctora Mastaglia, e inclusive estuvo presente una representante de la fiscalía. Hay una causa penal en curso.

– ¿Por la desobediencia?

– No sòlo por la desobediencia, también hay que evaluar el daño y las consecuencias penales en su caso.

– ¿La empresa ya tiene otra una ubicación que le permita funcionar?

– La empresa tiene un cese dispuesto por la sentencia de julio del año pasado, y permanentemente ha alegado la cuestión de la relocalización en el ejido de Paraná. Y el Municipio ha sido muy claro en ese sentido: no hay un lugar disponible dentro del ejido, y no se ha informado de la existencia de algún trámite en curso para relocalizar la empresa.

Les recuerdo que en ese caso obviamente tienen que cumplimentar disposiciones legales, entre otros, acudir a un trámite ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia. No hay absolutamente nada, no hay ninguna propuesta, no hay ningún trámite en curso.

La planta de hidrógeno verde en Paysandú

Fernández, en otro orden, se refirió la preocupación de los ciudadanos de Colón y zona de influencia de la posible instalación, en la vecina ciudad uruguaya de Paysandú, de una planta de hidrógenos verde.

“Hay una posición tomada por el Gobierno provincial y el gobernador Rogelio Frigeri ha sido muy claro en este sentido, pidiendo la relocalización y planteando el impacto de contaminación visual hacia la ciudad de Colón y las zonas aledañas, sobre todo por las consecuencias socioeconómicas que puede generar esta posible actividad”, comentó el funcionario.

“Hemos estado en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) hablando de este tema. No se ha iniciado el procedimiento de consulta que está previsto en el estatuto del río Uruguay, en el seno de la CARU, porque el Gobierno uruguayo no ha presentado proyectos en ese sentido. Se ha informado que está en curso un procedimiento en el Gobierno uruguayo, donde la primera parte es una suerte de autorización de localización, que no implica avalar el proyecto. La segunda parte es la evaluación de si hay impacto ambiental, y, en consecuencia, allí vendría la presentación ante la CARU del proyecto por parte del Gobierno uruguayo”.

Recordó, además, que el gobernador Frigerio viajó a Montevideo y se reunió con el presidente del Uruguay, Yamandú Orsi. “Y luego ha hecho manifestaciones en el sentido de apoyar claramente los reclamos de la ciudadanía de Colón y las demás ciudades de la zona, y ha manifestado que volverá a viajar al Uruguay para reunirse con el presidente uruguayo, a efectos de que cumpla lo que prometió en su momento”.

“El Gobernador ha sido muy claro en el sentido de apoyar el reclamo de la ciudadanía, y de plantear enfáticamente la relocalización”, remarc