Las universidades vuelven al paro

El frente sindical universitario anunció un paro nacional para este martes 8 de septiembre, que incluirá a docentes y no docentes. El martes 15, en tanto, se realizarán clases públicas en todo el país bajo la consigna “La universidad en la calle”, y el 17 habrá un acto frente al Palacio Pizzurno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la convocatoria a una nueva paritaria. El objetivo central es organizar una nueva movilización federal que reúna a la comunidad universitaria y visibilice la crisis salarial y presupuestaria.

Según Sofía Cáceres Sforza, secretaria general de Sitradu, el gobierno de Javier Milei “decidió desfinanciar las universidades y suspendió durante aproximadamente dos años y medio las paritarias, impidiendo negociar mejoras salariales. La falta de presupuesto afecta tanto el funcionamiento básico —luz, gas y mantenimiento— como la investigación, la extensión y los proyectos institucionales. También perjudica las becas estudiantiles, cuyo monto actual ronda los 35.000 pesos”.

La pérdida salarial acumulada, agregó Cáceres Sforza en declaraciones al programa Malos Perdedores, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), fue “agravada por aumentos insuficientes, de alrededor del 1% cada dos o tres meses” y “entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 los salarios perdieron aproximadamente un 23% de su poder adquisitivo. Actualmente, docentes ingresantes cobran cerca de 200.000 pesos, mientras que docentes con diez años de antigüedad y dedicación semiexclusiva reciben unos 600.000 pesos de bolsillo”.

Ley de Financiamiento Universaitario

La comunidad universitaria reclama la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla una recomposición salarial y un aumento del 320% en las becas. “El movimiento universitario logró revertir el veto presidencial mediante presión y movilización popular”, señaló la gremialista, y recordó que incluso “la Justicia ordenó cumplir al menos las disposiciones referidas a salarios y becas”.

Cáceres Sforza, además, sostuvo que “el ataque no es únicamente material, sino también ideológico: se cuestiona la utilidad de la universidad, la producción de conocimiento y el sistema científico nacional”, cuando las universidades públicas son instituciones “de alto valor social, con acceso irrestricto y sin aranceles, aunque estudiar implique costos para las familias. Sus graduados sostienen áreas esenciales como salud, ingeniería y servicios públicos, y gozan de reconocimiento regional e internacional”.