La violencia de género, en el centro del debate

La abogada María Fernanda Vázquez Pinasco, durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), opinó que  “este clima de época que estamos viviendo no solamente en Argentina sino también en América Latina y en Europa, tiene que ver con el reordenamiento del patriarcado, este sistema social que instaura que las mujeres, niñas y adolescentes, seguimos siendo territorio del machismo”.

El patriarcado, continuó, sigue siendo el sistema dominante, perpetuando la violencia machista y la impunidad. El machismo se manifiesta tanto en los crímenes como en la reacción social, donde se tiende a responsabilizar a las víctimas y minimizar la gravedad de los hechos. El lenguaje y la denominación de los delitos son fundamentales: nombrar el femicidio visibiliza el problema y lo diferencia del homicidio común, permitiendo su abordaje específico. La resistencia a usar el término femicidio y la minimización de la violencia de género reflejan un retroceso cultural y político.

Para la abogada, “el machismo, que es una forma cultural de relacionarse en la sociedad, determina este pacto de caballeros, determina que la forma más aberrante de matar a alguien, que es el femicidio, el descuartizamiento de una piba de 14 años, antes de haber sido abusada sexualmente, nos horroriza, pero no tanto tampoco porque este clima de época. Porque no nos horroriza que todavía sigamos contando muertas, no nos horroriza que todavía sigamos aceptando que este nuevo orden que se ha instaurado hace dos años en nuestro país, de falta de políticas públicas, o de ninguna política pública.”, subrayó.

“En ningún lugar de este planeta te pueden asegurar que no te van a matar, pero lo que podemos tener es prevención”, agregó.

Vázquez Pinasco señaló que existen marcos jurídicos y herramientas legales para abordar la violencia de género, pero su aplicación es deficiente. Casos recientes muestran negligencia estatal, como la demora en iniciar investigaciones y la despersonalización de las víctimas por parte de funcionarios judiciales. La falta de diligencia en la respuesta estatal puede derivar en responsabilidad internacional, según tratados como la Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen la obligación de actuar con diligencia reforzada ante denuncias de desaparición o violencia de género.