La protección ambiental y los cambios legislativos, en debate

La normativa vigente impide cambiar durante 30 o 60 años el uso del suelo de áreas incendiadas: un bosque debe seguir siendo bosque y un humedal, humedal. El objetivo “es permitir la restauración de las funciones ecosistémicas y evitar que un incendio sea seguido por emprendimientos inmobiliarios, feedlots o industrias”, explicó Enzo Culasso Orué, abogado ambientalista, durante una entrevista con el programa Ruido de Mate, que conducen Andrea Venturini, Marcelo Medina, Martín Echagüe y Julio Galera por Radio Costa Paraná (88.1). El retiro de estas reformas fue considerado una victoria del movimiento socioambiental; posteriormente se planteó que el Gobierno podría retirar todo el paquete legislativo.
Incendios, control estatal y tierras públicas
Es muy difícil demostrar que un incendio fue provocado para habilitar un desarrollo posterior, porque suelen ocurrir en territorios aislados y no se identifica a los responsables. En el Delta del Paraná, que abarca aproximadamente un millón de hectáreas, la presencia estatal se redujo: se cerraron escuelas y servicios de transporte en las islas, y los pobladores reclaman recuperar la navegabilidad de pequeños cursos de agua.
“En Entre Ríos existen casi 300.000 hectáreas de tierras fiscales. Varias fueron incendiadas repetidamente pese a no tener titulares catastrales. No se detectaron permisos estatales de uso, por lo que alguien las utiliza sin autorización, perjudica el derecho colectivo a un ambiente sano y priva al Estado de cobrar cánones o alquileres. La falta de registro y control impide identificar a quienes las explotan o incendian”, agregó.
Transformación del Delta
Una parte importante del Delta está atravesada por terraplenes construidos para impedir inundaciones en determinadas parcelas. “Estas obras alteran el curso de los arroyos y transforman humedales en terrenos secos semejantes a una pampa. Como consecuencia, disminuyen la biodiversidad y funciones esenciales como filtrar agua, purificar el aire y servir de refugio a flora y fauna; el ambiente termina destinado principalmente a la ganadería”, explicó..
Además, el río Paraná “no alcanzó durante aproximadamente ocho años la altura necesaria para ocupar todo su valle de inundación. El río comprende tanto el cauce principal como las áreas que inunda cuando supera unos 4,5 metros, por lo que la reducción de las crecidas afecta el funcionamiento integral del sistema de humedales”.
Desfinanciamiento y capacidad de respuesta
El Sistema Federal de Manejo del Fuego coordina los servicios provinciales, pero fue debilitado financieramente. El Gobierno “eliminó el fondo fiduciario que aportaba cerca del 70% de sus recursos, financiado con un porcentaje de los seguros, y aplicó otros recortes. También redujo el Ministerio de Ambiente a una subsecretaría dependiente de una secretaría que incluye turismo y deportes, mientras se avanza sobre el financiamiento del Servicio Meteorológico Nacional”, señaló Culasso Orué
El debilitamiento del Servicio Meteorológico “afecta la información enviada a los sistemas de gestión de riesgos, alertas y emergencias. También fueron desfinanciados parques nacionales y el sistema científico, que generan conocimientos indispensables para prevenir incendios, comprender los ecosistemas y responder al cambio climático. La pérdida de componentes estatales interconectados reduce la capacidad de proteger a la población ante incendios, inundaciones y lluvias extremas”, consideró el abogado.