La fiscal que investiga una muerte en una comisaría de Concordia no descarta que se le dé participación a otras fuerzas en la investigación
La fiscal Julia Rivoira dijo que “la semana pasada, el sábado 4 de diciembre, el jefe de la comisaría segunda de la jurisdicción de Concordia comunicaba y alertaba a la fiscalía sobre el hallazgo en una de las celdas de esa dependencia policial de una persona sin vida”. “Esa noticia fue motivo para que de manera inmediata nos constituyéramos en la comisaría y se diera intervención al personal de Criminalística de la Jefatura Departamental, también al personal de la División Investigaciones a la vez que, de manera inmediata, se relevó a la totalidad del personal de la comisaría de cualquier intervención de las actuaciones policiales”, afirmó en diálogo con radio “Costa Paraná”.
“Concretamente, las dos líneas que se están investigando, primero y principal, es determinar en qué forma y circunstancia, esta persona mayor de edad ingresó a la comisaría segunda y por qué fue alojado en esa dependencia siendo que hay lugares de detención como es la alcaidía local y también determinar cuál fue la situación concreta que habría habilitado a esa actuación policial que no fue comunicada a las autoridades judiciales. Pero hay que investigar un hecho mucho más grave que es en qué circunstancia se produce la muerte de esta persona en dependencia policial”, explicó.
Se le preguntó por el resultado de la autopsia y si se evidenciaban golpes. “Concretamente si sufrió o no golpes aún no lo puedo afirmar porque hay un informe preliminar de la autopsia que determina cuál es la causa de la muerte, y es asfixia por ahorcadura, pero el forense aún está trabajando. Yo le pedí, casi le exigí, que hiciera el informe de manera profunda porque se quiere determinar si sufrió golpes dentro de la dependencia policial o en circunstancias en que era trasladado, independientemente de que sabemos y tenemos pleno conocimiento por testimoniales que esta persona habría participado en una especie de resistencia a la autoridad, de manera previa a ser solicitada su presencia en un domicilio particular”.
La funcionaria judicial precisó que la suspensión alcanza a “toda una guardia que son siete u ocho personas». “Algunos ya tienen designado defensor particular porque ya se han presentado, y el resto de ellos tiene participación la defensa oficial desde el momento de apertura de la causa”, agregó.
Una consulta que se le hizo a la fiscal es sobre en poder de quién quedaron las actuaciones ordenadas por la Justicia, en virtud de que esa tarea corresponde a la policía, pero es justamente a personal policial a quien se debe investigar. “Yo, en principio, no tengo cuestionamiento que realizar a los funcionarios policiales que trabajaron en los primeros momentos de la investigación. Yo siempre destaco el compromiso laboral de la División de Investigaciones y de la División de Criminalística. Ahora bien, la familia se presentó con un letrado particular y solicitó que se deje de lado de la investigación a la fuerza policial, concretamente y yo no puedo ignorar esa petición entonces algunas diligencias se van a entregar a otras fuerzas. Puede ser la Gendarmería, puede ser la Prefectura, puede ser la Policía Federal”, explicó.
Resumió explicando que en los primeros momentos actuó personal policial que no es parte de la comisaría en cuestión y que no se descarta que las próximas actuaciones queden en mano de algunas de las fuerzas federales.
Unas siete u ocho personas de la Comisaría Segunda quedaron separadas de las actuaciones y algunos ya pusieron abogados.