La eventual adhesión de Entre Ríos al RIGI preocupa a los ambientalistas

La eventual adhesión de Entre Ríos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, conocido por la sigla RIGI, generó repercusiones, sobre todo luego de la iniciativa en tal sentido del diputado provincial Carlos Damasco (La Libertad Avanza), de manera especial en el sector del ambientalismo –especialmente de Gualeguaychú–, temeroso de que esa posibilidad genere interés de las pasteras en invertir en la provincia.

Guillermo Luciano es dirigente ambientalista gualeguaychuense, durante una entrevista con el Programa En El Dos Mil También, que conducen Antonio Tardelli y Sebastián Martínez por Radio Costa Paraná (88.1), consideró que el proyecto del legislador libertario “es ponerle la alfombra roja al desembarco de las pasteras en la provincia de Entre Ríos”.

– ¿Por qué?

– En Entre Ríos, con respecto a las pasteras, hay una especie de mito urbano que dice que no se instalaron porque aquí la clase política oportunamente les pidió una enorme coima. Lo cual podría ser o no podría ser, a mí no me extrañaría nada una circunstancia por el estilo, pero esa no es la razón por la que no se instalaron.

Las pasteras o las plantas de celulosa no se instalaron ni en Entre Ríos, ni en Corrientes, ni en Misiones, porque en Uruguay les daban excepción total de impuestos y aquí no. Entonces, para ellos era mucho más ventajoso instalarse en Uruguay.

Con este nuevo régimen que establece el Gobierno nacional prácticamente le están reproduciendo las condiciones que en su momento se les negaron y que les dieron en Uruguay. Si vienen aquí tendrían una situación impositiva excepcional que provocaría que todas las empresas que se radiquen tengan una ventaja tan fenomenal sobre las que ya están instaladas.

En el caso de las pasteras no hay ninguna, pero las pasteras son industrias extractivas de recursos naturales. Entre Ríos tiene tres recursos naturales básicos que son la fertilidad, los acuíferos y el litio en este momento, el recurso minero que están sacando del sur.

Las pasteras se llevan dos de los tres recursos, se llevan la fertilidad y se llevan el acuífero.

– En el caso de que prosperase esta idea, ¿hay otras empresas que tendrían interés en concretar inversiones, o, en todo caso, la cuota de inversión en la región ya está cubierta con las plantas en Uruguay?

– Todavía no está cubierta. Es tan rápida la reproducción de los eucaliptos o los pinos en nuestra región, que una planta de producción de celulosa como la que está instalada en Fray Bentos, si tiene el control de 160.000 hectáreas de forestaciones, puede hacer un circuito completo.

O sea, una planta que produce 1.300.000 toneladas de celulosa por año, con 160.000 hectáreas, puede funcionar autónomamente. Y en la región hay 800.000 hectáreas.

Solamente en Corrientes hay 500.000 hectáreas, Entre Ríos tiene más de 100 mil y Misiones tiene unas 260.000/300.000 hectáreas, pero en Misiones hay una planta de celulosa muy antigua que está funcionando.

Hay espacio, y, de hecho, hay planes en Corrientes para instalar una planta de celulosa para hacer papel kraft, en Ituzaingó. Y el gobierno correntino viene trabajando y haciendo una gran infraestructura para esa planta de celulosa. Están haciendo un puerto, hicieron un parque industrial, hicieron subestaciones de abastecimiento eléctrico. O sea que para Corrientes viene una, pero para Entre Ríos también se podría hacer otra.

Como la madera es una materia prima que tiene, en términos relativos, un bajo valor por volumen, entonces los fletes son determinantes en el costo de la materia prima de estas empresas. A estas empresas les conviene poner sus plantas al lado de las plantaciones para pagar el menor flete posible de la plantación hasta la planta industrial.

– ¿Qué elementos se han encontrado en estos años de contaminación por parte de estas plantas en Uruguay?

– Le puedo contar anécdotas de hoy. La planta de UPM de Fray Bentos, que era la planta de Botnia, viene con problemas técnicos y cada vez que tienen problemas técnicos y paran la producción, estas plantas ventean volúmenes extraordinarios de ácido sulfhídrico que provocan el olor, y, respetuosamente dicho, el olor a caca que invade todo el ambiente.

En la ciudad de Gualeguaychú hoy me han informado que se han sentido en varios barrios el olor a la planta de Botnia que en este momento está con un incidente y está paralizada, no está produciendo.

La planta de Fray Bentos arroja entre 14 y 20 millones de metros cúbicos de ácido sulfhídrico a la atmósfera por día. Ese ácido sulfhídrico que las empresas lo denominan olor a coles hervidas, o sea, como si fuera el olor que surge cuando usted hierve coliflor, por ejemplo, es olor a caca, es un olor impresionante que impregna la ropa, que hace que la gente se tenga que encerrar en su domicilio, y el olor igual invade los domicilios.

– Vamos a suponer que prosperase el régimen y que apareciera un proyecto de inversión de esta naturaleza, me parece que nos remontaríamos a otros tiempos y veríamos la repetición de una película. ¿Por qué tendría licencia social ahora algo que no la tuvo en su momento?

– Y yo supongo que no tendría licencia social, y eso también supongo que es la presunción que tiene el diputado Damasco, que es el que ha presentado el proyecto de adhesión de la provincia al RIGI.

Damasco ha dicho públicamente que él no tiene ningún interés en que vengan las pasteras y que él siempre ha enfrentado el modelo de las pasteras. Nosotros lo que le decimos a Damasco es que si él realmente no quiere que se instalen, que ponga expresamente el bloqueo a su instalación en el proyecto que él presenta, porque el proyecto de él es genérico.

Él dice, todas las plantas industriales que tengan inversiones mayores a 200 millones de dólares son bienvenidas y van a tener un tratamiento impositivo y cambiario diferencial.

– ¿Usted tiene claro a cuánto ascendieron las inversiones de las plantas instaladas en Uruguay, por ejemplo, la de Fray Bentos?

– Hay que hacer una observación. Una planta de esa magnitud en este momento tiene un valor que ronda entre los 3.000 y 5.000 millones de dólares. Pero no se invierten en Fray Bentos, se invirtieron en Finlandia. Eso es lo que pagó UPM en Finlandia para comprar la tecnología. Trajeron esas máquinas a una zona franca, las instalaron y las van a usar hasta que la obsolescencia indique que ya no sirven más.

O sea, no es una inversión local, es una inversión en sus propios países. Ellos traen las plantas, las pagan allá, acá no ingresa un solo dólar, solamente lo que ingresa es por un período de un par de años que dura la construcción y el montaje de la planta, aparecen un par de miles de puestos de trabajo, pero después se van. Se termina ese gasto local.

Tanto que Fray Bentos, antes de la instalación de la planta de UPM, era el departamento de la República Oriental de Uruguay que tenía un mayor índice de desocupación, el 12,5%. Y hoy, después de estar funcionando y haberse completado la instalación, sigue con el mismo índice de desocupación.

– Ustedes no están impugnando la adhesión al RIGI como tal. Ustedes quedarían conformes con que el proyecto que apruebe eventualmente la Legislatura tache expresamente la posibilidad de instalar pasteras.

– No, de ninguna manera. Damasco dijo que él no estaba pensando que vinieran pasteras, estaba pensando que vinieran fábricas de casas de madera. Entonces yo le dije, tomé el caso de Gualeguaychú, en donde hay dos o tres fábricas de casas de madera, una de ellas con bastante tecnología que está intentando desarrollar el mercado.

Si viene una fábrica de afuera de casas de madera, esa fábrica que hay en Gualeguaychú cierra al otro día porque todos los impuestos que está pagando, la planta que vendría a competir con ella no los va a pagar.

– O sea, la impugnación va más allá de la pastera y es a la adhesión total al régimen, ¿no?

– Permítame una frase. Somos el único país en el planeta que está impulsando un proyecto internamente para destruir la industria nacional y reemplazarla por capital extranjero.

Es algo sin precedentes en el planeta. No hay ningún país, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Alemania, que esté haciendo lo que Argentina acaba de aprobar en el Congreso. Es poner una lápida sobre todas las pymes que son las generadoras del 70% del empleo de la Argentina.