La disputa entre San José y UTA por los trabajadores está en la Justicia y no parece fácil llegar a una solución

Mientras los paranaenses esperan con expectativas el nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros –que comenzará el 7 de diciembre próximo–, la empresa San José, ganadora de la concesión, mantiene su postura de no tomar a los choferes de Buses Paraná, y, además, anunció que no acatar la resolución judicial que le ordena absorber transitoriamente a esos trabajadores.

El anuncio de esa decisión lo hizo el representante legal de la empresa durante una audiencia que tuvo lugar en la mañana de este jueves en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.

La resolución judicial había sido adoptada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondiendo de ese modo a un planteo que había formulado la entidad sindical. Según el magistrado, San José debe absorber a todos los trabajadores que hoy revistan en Buses Paraná. La audiencia de hoy ha pasado a un cuarto intermedio hasta la semana que viene.

El abogado Alejandro Becic, apoderado de UTA Entre Ríos –el gremio que nuclea a los choferes–, en declaraciones al programa En El Dos Mil También, que conducen Antonio Tardelli, Sebastián Martínez y Juan Cruz Varela por Radio Costa Paraná (88.1), al hacer un balance de la audiencia de hoy, señaló que “nosotros estamos parados sobre la ley y nos sorprende bastante la postura de la empresa, por un lado, y, por el otro lado, también la postura de la Municipalidad, porque la verdad es que nosotros hicimos todo el esfuerzo para evitar llegar a este punto”.

El abogado, en este sentido, recordó que la UTA citó dos veces a la Municipalidad, dos veces a la empresa concesionaria nueva, San José, y dos veces a las empresas que se están retirando, para tener una audiencia de conciliación, y no pudimos ni siquiera lograr que asistan a las audiencias”.

Comentó, además, que el abogado de San José “argumentó que no asistían a esas audiencias porque la Secretaría de Trabajo de la Provincia no era competente para intervenir en este caso, por lo cual no nos dejó ninguna otra salida más que acudir a la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, dado que la empresa tiene asiento en Posadas, los trabajadores son de Paraná y la UTA tiene domicilio en Buenos Aires. Y tampoco asistió”.

– Si hay trabajadores que van a quedar en la calle y si va a haber, de hecho, una rebaja salarial, porque no se les va a computar la antigüedad a los que pasen a la nueva empresa, me parece que con estos dos elementos ya es suficiente para pensar que acá hay un problema, que algo se hizo mal. Dicho esto, pregunto, ¿ustedes hicieron todo lo que debieron hacer para evitar esta situación? ¿No se durmieron?

– Yo estoy en este proceso hace más de un año, cuando esto se anunció, y he hecho absolutamente todos los pasos correspondientes.

Cuando se empezaron a elaborar pliegos, el concejal (Enrique) Ríos era el que estaba al frente como titular de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, citó a todos los involucrados, entre ellos a la UTA, para que manifestáramos nuestra opinión.

Nosotros, por escrito –lo hice personalmente–, le mandamos al concejal Ríos todas aquellas cuestiones que considerábamos que estaban mal contempladas o en las cuales no estábamos de acuerdo. La más importante era justamente que no contenía la obligación de la nueva adjudicataria de mantener a los choferes preexistentes, con las mismas condiciones y la misma antigüedad, según señala el Artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Lo planteamos en ese momento, luego nos citaron en audiencia y lo volvimos a plantear verbalmente. Después de esto, una vez elaborado los pliegos, se hizo lo que el proceso requiere que es una audiencia pública. Fuimos a la audiencia pública y están las grabaciones donde nosotros nos opusimos a esto. Es decir, hicimos absolutamente todo en el proceso administrativo como correspondía, y lo dejamos asentado en todo momento.

Cuando esto se dio, la UTA tuvo la predisposición de llamar a conciliación para ver si entre todos los actores podíamos, de alguna manera, solucionar este problema. No acudieron.

– Está bien, pero el pliego salió como salió y estamos frente a una situación de hecho a la que no le vemos una salida armoniosa.

– Pero es que la salida armoniosa era hoy. Porque, pese a que nosotros esto lo anunciamos, terminó en el problema que dijimos.

Como no nos dejaron otra posibilidad, tuvimos que accionar y fuimos a la jurisdicción de la Secretaría de Trabajo, no lo logramos; fuimos a la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, no acudieron. Por lo tanto no nos dejaron otra que ir a un juez nacional del trabajo. Hoy salió una resolución y tampoco la quieren acatar.

– Usted habla del Artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice que los derechos del trabajador se conservan con la antigüedad adquirida del transmitente. Pero desde el otro lado, desde la empresa, dicen que acá no hay transferencia del contrato del trabajo porque son dos cuestiones diferentes, son dos pliegos distintos. Uno tenía que ver con un área metropolitana mucho más grande, éste es un pliego más chico, de una ciudad, que actúa sobre otro pliego vencido, por lo tanto, no puede haber transferencia porque la empresa es nueva y no tiene por qué absorber los trabajadores de la anterior. El fallo judicial no tiene ni pies ni cabeza, aseguran los asesores legales del otro lado.

– Creo que hay una confusión. Es decir, si estos abogados plantean que no hay transmisión o no hay transferencia, quisiera saber cuáles son los fundamentos por los cuales dicen que no es de aplicación el 225.

Ellos tienen sus fundamentos, nosotros tenemos los nuestros y los sometimos a un juez, y el juez nos dio la razón.

Necesitaban una manda judicial, bueno, ahí tienen un juez que dijo que teníamos razón. Les ordena que hagan esto y no lo van a hacer. Bueno, si ellos no están de acuerdo, tienen todas las instancias legales para apelar, pero tienen que cumplir con la manda judicial.

De hecho, la manda judicial es la transferencia de los trabajadores en forma transitoria, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Vayan a pelear la cuestión de fondo, y cuando consigan un fallo que diga lo contrario, veremos qué solución hay. Pero hoy hay que cumplir con esto. Y la verdad es que el no cumplimiento de la normativa ni de las mandas judiciales no es la solución. Por eso los asesores del municipio o los asesores de la empresa, me parece a mí, no están actuando acorde al derecho.

– Este conflicto ahora está instalado en el plano judicial, pero en el fondo es un problema político.

– Sí, coincido, es un problema político que se podría haber evitado porque hubo todas las instancias para hacerlo.

Y creo, o por lo menos creía, que esta orden judicial iba, de alguna manera, a abrir una puerta para que se negocie cómo hacemos para cumplir con esto. Pero bueno, evidentemente, seguimos en una postura tozuda, en la cual aparentemente el no cumplimiento de la normativa y el no cumplimiento de la manda judicial es la solución que le encuentran a un problema político.