La crisis del PAMI se profundiza y no hay miras de solución en el corto plazo
La obra social enfrenta una crisis de desfinanciación severa, agravada desde la eliminación del impuesto PAIS, que aportaba aproximadamente el 10% de su presupuesto. Economía no ha compensado esta pérdida, lo que ha restringido drásticamente los recursos disponibles para la obra social.
Esta situación afecta no sólo al PAMI, sino también a obras sociales provinciales y prestadores privados, quienes acumulan deudas superiores a 60 días y enfrentan incertidumbre sobre los pagos.
La presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Silvia D’Agostino, durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro bero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), explicó que debido a la falta de fondos se han impuesto cupos en la emisión de órdenes para estudios médicos, limitando la atención a casos de urgencia que requieren autorización especial.
Los pagos a prestadores se realizan “de manera diferida, fragmentada y con demoras inéditas, llegando a descontar hasta un 30% de lo facturado, incluso en prácticas previamente autorizadas y ejecutadas, bajo justificaciones poco claras como ‘fuera de rango’”.
Consecuencias
La situación ha llevado a la suspensión de cirugías programadas, con estimaciones de hasta 25.000 procedimientos afectados. El universo de afiliados afectados asciende a 5 millones de personas, dado que el PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica.
“La falta de actualización de aranceles durante casi dos años, sumada a la inflación y el aumento de costos operativos (12,5% sólo en abril y mayo), ha deteriorado la sustentabilidad financiera de clínicas y sanatorios, que enfrentan precios de medicamentos e insumos con aumentos de hasta 400%, sin control estatal”, remarcó D’Agostino
Sin respuestas
Las negociaciones entre cámaras de prestadores y autoridades del PAMI y del Ministerio de Salud, además, no han dado soluciones concretas, y ambos organismos “se remiten mutuamente la responsabilidad”, sin ofrecer respuestas efectivas.
El desfinanciamiento y la falta de control sobre los precios benefician a sectores concentrados de la economía en detrimento de los jubilados y prestadores. “La continuidad de los servicios está en riesgo, y no existen señales de mejora a corto plazo”, cerró D’Agostino.
Silvia D'Agostino, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos.