La chatarrería Todoni, clausurada

En cumplimiento del mandato judicial de la doctora Gabriela Mastaglia, vocal de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Nº 2 de Paraná, la Municipalidad clausuró el predio de la firma Las 3 E SRL, más conocida como chatarrería Todoni, ubicada en la zona de la Avenida de Circunvalación.

El subsecretario de Ambiente de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz, durante una entrevista con el programa Malos Perdedores, que conducen Exequiel Flesler, Florencia Gómez e Ignacio Koomstra por Radio Costa Paraná (88.1), relató que “luego de un amparo ambiental colectivo, que iniciaron vecinos del predio con el patrocinio letrado de la doctora Aldana Sasia, la Justicia ordenó la medida contra la empresa Las Tres E SRL, de la familia Todoni, que regentea el negocio de reciclado”.

La sentencia de primera instancia, recordó el funcionario, es de fecha 24 de julio de 2024 y ante el incumplimiento de la empresa de la orden judicial de cesar la actividad y recomponer el ambiente, se llevó adelante un proceso de ejecución de esa sentencia que impone la clausura total y le fija un plazo de unos diez días a la empresa para termine de sacar los residuos.

Pérez Viecenz, asimismo, aclaró que la Municipalidad fue parte, como tercero interesado, en el proceso judicial, “y ahí nosotros, en conjunto con la autoridad ambiental de la Provincia, presentamos un plan operativo para comenzar a desarmar” ese depósito, pero “ha habido incumplimientos sistemáticos por parte de la empresa y por eso la jueza ha llegado a esta instancia”.

“El abogado de la empresa, su apoderado, podrá plantear excepciones, pero en caso de que ellos no cumplan, la jueza también puede disponer que esto lo haga un tercero, que puede ser la Municipalidad u otra empresa, y cobrarle a la empresa Las 3 E”, agregó.

– ¿A dónde se envían los residuos?

– Hay muchos residuos que son reciclables y tienen una apreciación pecuniaria importante. Por ejemplo, hay plásticos, metales, cartones, aluminio, nylon, infinidad de tipos de residuos que pueden ser,por sus características, reciclados.

Pueden ser directamente enviados a un centro de disposición, donde los compren y realicen el tratamiento de los mismos, que puede ser acá en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Córdoba. Son empresas que acopian y trabajan este tipo de material, pero lo hacen adecuadamente, en un ámbito controlado, con un plan de manejo, con un plan contra incendios, bajo una perspectiva de trabajo ambiental adecuado, no afectando el ambiente y menos afectando derechos individuales  como son la salud de la población que vive cerca.

En Paraná hay muchas cooperativas, micropymes, que trabajan en materia de reciclado, acopiando materiales, comprando y vendiendo, pero ninguna está en la situación en la que se encuentra la empresa Las Tres E con desbordes y constatación de residuos peligrosos adentro del predio.

Las actuaciones fueron giradas a la Justicia Fedeal

Pérez Viecenz, además, comentó que en este tipo de situaciones “puede haber penalidades de ley de delitos federales, por eso la jueza ha girado las actuaciones a la Fiscalía del Juzgado federal para que se investigue si existen incumplimientos a las leyes de residuos peligrosos. O sea, es una situación muy excepcional” por todos los materiales peligrosos existentes y el estado calamitoso en el que se encontraban.

– La concejala Romina Todoni, de la familia propietaria de la chatarrería, cuestionó, entre otras cosas, que la medida afecta al trabajador, al sector privado. ¿Qué observación se puede hacer?

– La Municipalidad fue el tercer interesado en todo momento en el proceso judicial, y ofreció posibilidades de reubicación antes de llegar a esta clausura judicial, porque estamos hablando de clausura judicial, no de clausura administrativa.

Se dieron todas las instancias brindando lugares en la ciudad donde podría estar reubicado el depósito y trabajar adecuadamente, porque convengamos que la actividad que ellos realizan, el acopio de materiales, no es ilegal.  El problema es que la cuestión se vuelve ilegítima para el desarrollo de la actividad cuando hay afectación de derechos individuales –la salud de las personas– y derechos colectivos –como es el derecho a un ambiente sano–.

Ahí es donde radica el problema, pero los propietarios tienen todas las facultades para poder trasladarse y reubicarse en donde la Municipalidad le indique.