La advertencia de Fundación Cauce por la «megaplanta» en Paysandú

Viernes 20 de marzo de 2026

La especialista confirmó que la organización solicitó formalmente información al Ministerio de Ambiente uruguayo para conocer estudios de impacto, permisos y evaluaciones de una obra que calificó como única por su escala.

La presentación administrativa se ampara en el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que garantiza el acceso a la información y la participación ciudadana en temas ambientales. «Invocamos el acuerdo de Escazú porque hay un plazo específico para que nos puedan responder», explicó Enderle, aunque lamentó que hasta el momento no han recibido siquiera un acuse de recibo del correo electrónico enviado.

El objetivo primordial es acceder al estudio de impacto ambiental que la empresa ya habría presentado ante las autoridades del vecino país, detalló en una entrevista brindada al programa En el Dos Mil También.

Uno de los puntos más críticos señalados por la directora de Cauce es la falta de antecedentes de un proyecto de esta magnitud. «No existe en el mundo todavía una planta de combustibles sintéticos con los volúmenes que planea producir esta planta», sentenció la abogada.

Si bien mencionó la existencia de una planta piloto en Chile, aclaró que las dimensiones de lo que se proyecta frente a las costas de Colón no tienen punto de comparación, lo que dificulta medir los impactos reales que tendrá sobre el ecosistema.

Enderle detalló que, aunque se suele hablar de hidrógeno verde, este es solo un insumo para un proceso de síntesis química más complejo que busca producir combustibles. «Estamos hablando de riesgos muy importantes no solamente en el aire, en el agua, sino de los desechos que va a tener esta planta», advirtió.

Al no existir una referencia similar en funcionamiento, la incertidumbre sobre la contaminación de los recursos compartidos aumenta la preocupación de las comunidades locales.

 

La ausencia de los organismos de control

La especialista fue tajante al calificar el rol de las instituciones encargadas de velar por el río compartido. «La CARU en este momento es un organismo que parece fantasma», disparó en referencia a la Comisión Administradora del Río Uruguay.

Según su análisis, existe una falla grave en el control y en el acceso a la información, ya que el gobierno uruguayo no habría informado formalmente a la delegación argentina sobre el proyecto a través de los canales correspondientes.

Respecto a la postura del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien manifestó que iría hasta las últimas consecuencias, Enderle se mostró cauta. Señaló que estas situaciones suelen manejarse a un nivel diplomático donde no se perciben acciones elocuentes y expresó sus dudas sobre el acompañamiento del gobierno nacional.

«Viendo noticias y expresiones del propio presidente de la nación, dudamos que esto vaya a tener un buen camino por ese lado», analizó.

Ante el argumento de la inversión millonaria y la creación de puestos de trabajo, la directora de Cauce pidió no ser ilusos. Explicó que este tipo de industrias requieren tecnicismos y una profesionalidad tan específica que muchas veces los equipos de trabajo provienen del exterior.

«No es totalmente lineal que viene una inversión extranjera y automáticamente tenemos empleo para todos», afirmó, aclarando que el impacto en la mano de obra local suele limitarse únicamente a la etapa de construcción de la infraestructura.

Finalmente, Enderle destacó que el rechazo al proyecto cruza ambas fronteras. «Desde Colón no hay licencia social para la instalación de esta empresa», aseguró, y agregó que en Paysandú también existe una fuerte contradicción.

Según relató, vecinos uruguayos están tramitando una iniciativa popular para impedir que la planta se radique en su departamento. Para la abogada, la lección de conflictos pasados como el de Botnia debería servir para aprender que el río Uruguay es un bien común que requiere una gestión mucho más transparente y responsable.