Investigan una presunta estructura de corrupción en la Policía de Entre Ríos

Ante la denuncia radicada en sede judicial respecto a la administración de los fondos provenientes del Servicio de Adicionales de la Policía de Entre Ríos, Rubén Pagliotto, el abogado que patrocina a los efectivos policiales que realizaron la denuncia penal, dio algunos detalles de la investigación en curso que llevan adelante los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.

En declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), Pagliotto señalo que la investigación “ha avanzado de manera exhaustiva y efectiva”.

Modus operandi

El fraude, explicó Pagliotto, consistía en que policías asignados a servicios ordinarios (por ejemplo, custodia de edificios públicos) eran desviados para realizar servicios adicionales (como traslado de caudales para bancos) sin recibir el pago correspondiente por estos adicionales. En su lugar, el pago se depositaba en cuentas de terceros (“prestanombres” o “prestacuentas”) que no realizaron el servicio. Estos terceros, a veces de buena fe, obligados o a cambio de una pequeña comisión, retiraban el dinero y lo entregaban a superiores, quienes lo distribuían en una estructura jerárquica y vertical dentro de la policía. El dinero finalmente beneficiaba a jefes y altos mandos, no a quienes efectivamente prestaban el servicio, agregó Pagliotto.

Participantes en la red

1. Prestanombres de buena fe, convencidos de que contribuían a la institución.
2. Prestanombres obligados por la estructura jerárquica.
3. Prestanombres que recibían una comisión por facilitar sus cuentas.

El sistema se justificaba bajo la idea del “80/20”, donde el 80% de los fondos adicionales debía destinarse a gastos logísticos de la comisaría y el 20% a los policías que realizaban el servicio. Sin embargo, en la práctica, los fondos eran desviados y apropiados ilegalmente por la estructura de mando.

La Policía, por su estructura jerárquica, dificultaba las denuncias y protegía a los responsables. Se detectaron intentos de encubrimiento, como la quema de libros de registros ordenada por superiores y el uso de móviles policiales para operaciones de cambio de divisas con el dinero ilícito, añadió el abogado.

– Se dice que esto hace mucho que pasaba y también que actuales autoridades de la provincia y legisladores habían recibido denuncias de este tipo. ¿Eso es así?

– No, denuncia no. La información que tengo es que parte de los que denunciaron, que tenían alguna simpatía política con el candidato, en ese momento, Frigerio, se reunieron una vez con dos ex legisladores, que ahora no los nombro para no frustrar la investigación, y con quien era aspirante a ser ministro de Seguridad, que finalmente lo es, el doctor Néstor Roncaglia.

Se reunieron, le expusieron con lujo de detalles y pruebas al canto que venía sucediendo esto desde hacía mucho tiempo, pero que nadie lo había cortado. Se comprometieron a cortarlo en noviembre/diciembre de 2023, antes de asumir este nuevo gobierno. Pasaron dos años y algunos meses, y si la gente se enteró de esta cuestión es porque hubo un grupo, esto siempre lo destaco, de valientes policías mujeres y policías varones, un grupito muy chiquito que para no querer mancillar la institución que aman, defienden, y en la que trabajan con enorme vocación, dignidad y ética, se decidieron poniendo lo que hay que poner arriba de la mesa, ovarios y cojones, e hicieron la denuncia, en una estructura jerárquica absolutamente vertical. Felizmente, por supuesto, el pedido que le hicimos al doctor Vergara, como juez de Garantías, fue dado inmediatamente y positivamente. Le pedimos que, por favor, se liberen medidas de protección hacia los denunciantes, hacia la denunciante y su familia, para evitar que desde el jefe de Policía hacia abajo, es decir, la jerarquía que ha venido usufructuando de esto, estamos seguros, tome algún tipo de represalia que pueda impactar o incidir en el medio de vida que tienen quienes denuncian.