Intimaron a los desarrolladores de un proyecto inmobiliario a cesar su difusión por publicidad engañosa

La Municipalidad de Paraná intimó a la empresa –un grupo de cuatro firmas: la constructora ALAC (América Latina Asesoría en Construcción), el estudio Julia Cabral & Asociados, la firma Aceitera del Litoral de Entre Ríos y Mark SJP SAS, presentada como la administradora fiduciaria del desarrollo– a suspender la publicidad porque no existe ninguna tramitación municipal que avale ese desarrollo. La normativa prohíbe publicitar o vender unidades antes de contar con las autorizaciones correspondientes. El objetivo de la intervención no es impedir inversiones privadas, sino evitar que potenciales compradores o inversores entreguen dinero por un proyecto sin sustento administrativo ni certeza de ejecución.
El secretario municipal de Planificación e Infraestructura, Eduardo Laréfice, explicó durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Alejandro Abero, Carlos Matteoda y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), que el Municipio recibió consultas y mantuvo reuniones con los desarrolladores, pero que la propuesta nunca avanzó hacia la presentación formal de planos y documentación. Por ello, “no existen elementos para determinar si el proyecto anunciado es viable desde el punto de vista urbanístico, técnico o legal. Todo análisis sobre la posibilidad de construir torres de esa magnitud en el predio es, por ahora, especulativo”, señaló el funcionario.
Sostuvo, además, que la propuesta originalmente conversada con el Municipio era “sustancialmente distinta” dado que “contemplaba unos 75.000 metros cuadrados, distribuidos aproximadamente en cinco edificios de cinco pisos y otras construcciones menores con amenities, a desarrollarse por etapas. La imagen de una torre de 18 pisos no coincide con esa presentación inicial y existe una marcada diferencia entre ambas escalas y características”.
El predio comprende varias hectáreas del antiguo complejo aceitero e incluye una laguna paralela a Larramendi, cercana al sector de la proveeduría y los baños de Bajada Grande. En conversaciones previas se había considerado el tratamiento de las aguas de esa laguna, que actualmente presenta inconvenientes. El Municipio, sin embargo, desconoce quién es actualmente el titular del inmueble o del eventual emprendimiento: no sabe si se trata del propietario original, si hubo una venta o si interviene un fideicomiso, ya que no hay ninguna presentación formal que identifique a los responsables.
Bajada Grande es considerada una zona atractiva para inversiones por su cercanía al río y al centro urbano, sus accesos, la disponibilidad de servicios y las posibilidades de expansión. Loréfice dijo que el Municipio sostiene que fomenta el desarrollo privado porque genera empleo y actividad económica, especialmente tras la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo en la construcción durante aproximadamente dos años y medio de estancamiento. No obstante, “cualquier proyecto deberá cumplir las reglamentaciones y someterse a una evaluación formal antes de ejecutarse”, enfatizó.
Prevención ante inundaciones
Em otro orden, Loréfice informó que la Municipalidad trabaja en un esquema de prevención frente a posibles inundaciones. A fines del año anterior declaró una emergencia mediante ordenanza y creó un comité específico. Paraná posee alrededor de 92 kilómetros de arroyos, por lo que la principal vulnerabilidad no proviene necesariamente de las crecidas del río, sino de lluvias intensas que generan aumentos rápidos del caudal. La situación se agrava en sectores donde existen asentamientos precarios y donde históricamente la ciudad no planificó adecuadamente su relación con los cursos de agua.
Las tareas incluyen “mantenimiento y limpieza de alcantarillas, bordes de arroyos y otros puntos susceptibles de provocar anegamientos”. También se elaboran protocolos y un “camino crítico” para determinar con anticipación qué organismo debe actuar ante cada escenario.