Instan a los docentes a “no tener miedo de expresarse frente a la vulneración de derechos”

Los niños son el futuro y es necesario proteger la “casa común”, remarcó en declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1).

A los docentes les pidió “no tener miedo de expresarse frente a la vulneración de derechos, hacerlo con respeto y educación, y comprender que la lucha también educa: se enseña con el ejemplo, con el compromiso y con la defensa colectiva”.

Leiva fue directora de la Escuela Nº 44 de Santa Anita, departamento Uruguay, y recordó que el 4 de diciembre de 2014, mientras trabajaba en el establecimiento, una avioneta fumigó directamente sobre la institución. Al advertir la aplicación y regresar al aula, encontró a varios niños vomitando y con síntomas de intoxicación. Todos debieron recibir atención médica y el hecho dio origen a una causa judicial.

A pesar de que ya se investigaba el caso, relató, el 2 de diciembre de 2015 el mismo productor volvió a fumigar en el mismo campo, violando la legislación vigente. La investigación duró tres años y finalmente culminó con un fallo favorable a los damnificados.

La situación, sin embargo, continúa: una docente que asumió posteriormente en la escuela le informó que seguían fumigando a apenas 300 o 400 metros, provocando malestar en ella y en los alumnos.

Según Leiva, la legislación actual “es aún más permisiva que la anterior y permite fumigar con mochila a solo diez metros de una escuela”.

Investigaciones realizadas en establecimientos rurales “detectaron contaminación en suelo, agua y aire, además de alteraciones genéticas en niños expuestos”, agregó. Estos estudios aportarían respaldo científico a las denuncias sobre enfermedades respiratorias, cáncer, abortos y otros daños asociados al modelo agroindustrial vigente.

Presiones y vulnerabilidad

Leiva también denunció intimidaciones durante el proceso. Antes de participar en la presentación del libro Argentina fumigada, recibió una llamada para que permaneciera en su casa y dejara de denunciar. Durante el juicio, la esposa del productor –también docente– pasaba lentamente frente a la escuela mientras Leiva se encontraba sola con sus alumnos, conducta que la fiscal consideró potencialmente intimidatoria.

La dependencia laboral agrava el problema dado que “muchos estudiantes son hijos de peones rurales mal remunerados o empleados informalmente por el propietario del campo. Sus familias no se atreven a declarar por temor a perder el trabajo”. Leiva señaló que el Estado tampoco se hace cargo de evaluar ni atender las consecuencias sanitarias de la exposición; mencionó incluso el caso de una niña que desarrolló un linfoma.