Hay preocupación ante la posibilidad de que la emergencia alimentaria no sea prorrogada

El último día de este año vence el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria y crece la preocupación de que la norma, sancionada en abril, no sea prorrogada a pesar de la dura crisis social que enfrenta la sociedad, sobre todo, obviamente, los sectores más vulnerables.

Malena Sánchez, integrante de la Juventud del Frente Patria Grande, junto a su agrupación y en coordinación con otras organizaciones, colabora en el sostenimiento de ollas populares. “Empezamos a ir, hace un par de meses, a la olla de los cartoneros en La Floresta porque se trata de un sector con dificultades para tener un plato de comida y vimos cómo de sumaba gente de barrios cercanos, como San Martín y Antártida, porque la realidad que enfrentan es muy difícil”, explicó, al punto que “mucha gente está yendo por primera vez, con vergüenza, a una olla popular por un plato de comida”.

Sánchez, en este sentido, opinó que “estamos en un momento de deshumanización terrible por parte de la política y de la sociedad también porque, creo, no terminamos de entender lo que es pasar hambre y lo que es tener que ir a un comedor porque no se tiene un plato de comida” en la casa, y, a la vez, “creo que hay que ponerle un nombre a estas cosas porque si no hay responsabilidades tampoco sabemos a quién denunciar de que eso suceda. El Gobierno nacional cortó todo tipo de ayuda alimentaria y dejar de mandar comida es un crimen”.

Ante este escenario, Sánchez expresó la preocupación de los jóvenes ante la posibilidad de que no sea renovada la emergencia alimentaria que establece enviar “un piso de comida a los distintos comedores, entendiendo la crisis de hambre que hay”. Ahora, denunció, “no quieren renovar la ley porque ellos entienden que no hay emergencia. Entonces, yo digo, tal vez estaría bueno que los funcionarios vayan un día a algún barrio popular, que se sumen a una olla y vean que la emergencia sigue porque cada vez es más la gente que va, porque la situación es insostenible”.

– ¿Qué significaría que se dé por finalizada la emergencia alimentaria?

– Significa, por un lado, que la Provincia ya no va a estar obligada a entregar un piso de alimentos, y, por otro lado, tampoco va a haber una mesa de diálogo con las organizaciones sociales, con las iglesias, que son quienes en los distintos barrios sostienen las ollas populares. Esto es muy preocupante, pero también hay que decir que, aun con esta ley  vigente, las cosas no funcionan bien porque, creo, los funcionarios viven en una burbuja y las cosas tarde, o en menor cantidad, y siempre cuestionando y recuestionando determinadas cosas, por ejemplo, que en un comedor no se puede cocinar con leña”.

La mesa de diálogo, en este marco, “permitiría que las organizaciones llevaran estos reclamos que los funcionarios no entienden y por eso hacen mal las cosas. Y ahora directamente no va a existir ni la mesa de diálogo, ni tampoco va a existir este piso de alimento, que no es suficiente en lo más mínimo, pero dentro de nada es un montón y es lo básico que tienen que garantizar los gobiernos”.

– ¿Hay algún legislador o legisladora que haya tomado contacto con ustedes para hablar del final de la emergencia alimentaria?

– Con nosotros, por lo menos, no. Estamos intentando visibilizar el problema, primero porque es muy grave y hay responsables de la situación social que tienen el deber de responder ante las necesidades de la gente, y, segundo, invitando a las personas, sobre todo a la juventud porque creemos en nuestro potencial transformador y en que no tenemos que ser indiferentes. Muchas veces somos quienes llevamos a cabo las luchas y estamos en la primera línea.