Estiman una caída de unos 4.000 empleos en la obra pública en Entre Ríos

Laura Herenú, la presidente de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en diálogo con el programa En El Dos Mil También, que conducen Antonio Tardelli, Sebastián Martínez y Juan Cruz Varela por Radio Costa Paraná, habló de lo que significa la declaración de la emergencia en la obra pública –una iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio–, de las consecuencias en materia de empleo del parate de obra pública nacional y de la necesidad de un “by pass” que tienen las empresas para pasar al nuevo modelo que propone el gobierno de Javier Milei.

– ¿Cómo recibieron la sanción por parte de la Legislatura de esta ley que declara la emergencia en la obra pública?

– A nosotros se nos comunicó la idea, en principio, de generar sólo la emergencia para evitar la ejecución de los juicios. Después la ley derivó en otras cuestiones que tenían que ver con la emisión de algún bono y también con el cambio de algún articulado en el tema de la ley de obras públicas, con lo cual ya se tocaban los contratos que nosotros teníamos en ejecución en este momento neutralizados con la provincia de Entre Ríos.

No obstante, dentro de este proceso, hemos tenido un intercambio con el Gobierno y hubo algunas cuestiones que fueron tenidas en cuenta y otras no.

Nosotros, como Cámara, uno de los grandes cuestionamientos que hicimos, dada la cantidad de acogimiento que hubo de las empresas a los acuerdos de pago, que fueron pagos a diciembre del 23, es que el resto de la deuda aún no se ha tratado, y así todas las empresas han tratado de ir buscando, en el marco de las neutralizaciones, el acogimiento al plan de pago, de acompañar al gobierno que está iniciando en su gestión en estos primeros 100 días.

Quedaron algunas empresas que ni firmaron las neutralizaciones y que no se acogieron a este plan de pago, que no son más de siete empresas. Entonces, por ahí, nosotros entendemos que esta ley por siete empresas quizás no hubiese sido necesaria.

– ¿Qué cosa ven como aceptables en esta ley y con qué cosa están decididamente en contra?

– Más allá de que sea aceptable o que no, nosotros entendemos que esto hubiese sido solucionable con un acercamiento de una propuesta de pago, quizás más próxima. Quienes están en el tema de la obra entienden que la deuda pagada a diciembre es deuda ejecutada en septiembre, o sea, las empresas ejecutaron sus obras en septiembre y están cobrando en un acuerdo de pago diciembre, se venció enero, febrero, y se está por vencer marzo y aún no se han arreglado estos últimos tres meses.

No nos olvidemos, además, que estas neutralizaciones le han dado al Gobierno un espacio en el cual no se ejecutó obra, y, obviamente, esto ha hecho que financieramente pueda el Estado acomodar las cuentas para poder reiniciar algunas obras.

Nosotros lo que entendemos es que no es una ley que sea realmente necesaria para frenar las judicializaciones, porque eso requiere que haya un sistema de gestión administrativa transparente, ágil, y que permita pagar los certificados en tiempo y forma.

Eso evita cualquier tipo de judicialización, y, de hecho, si uno se va a la gestión de (Gustavo) Bordet, todo lo que era secretaría de arquitectura durante los últimos tres años, prácticamente no hubo judicializaciones, salvo a diciembre-enero, ya cuando se estaba terminando la gestión y dejaron de pagar.

Hoy ya han pasado 100 días y creemos que estamos en condiciones de que las obras se puedan reiniciar, aún se está charlando sobre esto y hay muchas obras que no han reiniciado. La ley generó mucha desconfianza en la gente que tenía que reiniciar.

– ¿Qué le impide hacer una ley como ésta, en la práctica, a una empresa?

– Lo que le impide en la práctica es que la garantía jurídica que uno tiene en cualquier relación contractual de poder cobrar en tiempo y forma y que el comitente no pague en el tiempo en el que tiene que pagar, que lo podamos ejecutar vía judicial.

Creo que en esto también es importante decir que no somos las empresas las que ejecutamos ni embargamos a la Provincia. Es la Justicia la que lo hace después de un montón de instancias en las cuales le pide al Gobierno que pague en tiempo y forma los certificados como están. En muchos casos hay certificados por intereses en el cual hay resoluciones ministeriales que mandan a pagar y el Estado hace caso omiso a ese pago.

– ¿Y por qué cree usted que el Gobierno salió a decir públicamente que la ley de obra pública de Entre Ríos les otorgaba un cheque en blanco a las empresas?

– Primero creo que es importante entender que cualquier certificado de obra es una copia negociable. De hecho es como que fuera un cheque, nosotros lo cambiamos, lo podemos vender, ceder en un banco y muchas empresas han financiado la obra pública de esa forma, cediendo los cheques o financiándolo a través de los bancos. Es un instrumento de pago.

En otros lugares, en la Justicia, sobre todo en la nacional o en Buenos Aires, donde quizás haya estado acostumbrado a dialogar en otros términos el actual gobernador de la provincia, no existe la posibilidad de ir por la Justicia, quizás la vía ejecutiva, y si se pudiese ir por esa vía, hay una cuota en la cual se dispone del dinero para pagar.

En la provincia, directamente, si está en el presupuesto, se entiende que hay fondos para pagar ese certificado, porque ya está presupuestado, de hecho está presupuestada la obra completa, y está la posibilidad de ser ejecutado. Eso es lo que entiende en la provincia de Entre Ríos la Justicia, lo cual es totalmente cierto y es totalmente legal, por eso hasta el día de hoy se ha hecho de esta forma.

– ¿Han podido charlar con el Gobierno el tema del financiamiento del BID por alrededor de 80 millones de dólares para obras públicas?

– Esos financiamientos tienen que ver con el saneamiento de la cuenca del río Uruguay, eran financiamientos que de alguna manera estaban otorgados a un ente regulador del agua, que es Enohsa, y lo que la Provincia está gestionando –y me parece sumamente positivo– es que sea el Banco Interamericano el que le dé a la provincia la administración de esos créditos.

Eso todavía está en un marco de diálogo hasta donde nosotros tenemos conocimiento, y no solamente estos financiamientos, sino hay otros más que están destinados a Entre Ríos, que la provincia está tratando de hacer la gestión para que realmente la administración de esos créditos se hagan directamente vía provincia, porque en este momento todos los créditos tenían de intermediario a algún ente nacional, y esto lo único que hacía era generar que este proceso administrativo sea doblemente engorroso.

La situación laboral

Hereñú, en otro orden, señaló que las suspensiones de trabajadores se dieron dentro de los primeros días de neutralizaciones. Pasados los 60 días, la mayoría de la empresas dio vacaciones y suspensiones, y muchos empresarios ya han despedido un montón de gente. En la obra pública hubo una caída del empleo, de junio a diciembre de 2023, de 2.000 puestos de trabajo en la provincia, y nosotros estimamos que de diciembre a marzo debe haber más o menos la misma caída de la mano de obra en la construcción.

A diferencia de otras veces, en las que hay una baja siempre estacional que se produce en el verano de la construcción, este año se ha despedido mucha gente que son todos los administrativos que están vinculados a la obra.