Es ley la emergencia de la obra pública

Los 31 legisladores presentes en el recinto de la Cámara de Diputados, votaron a favor el proyecto que declara la emergencia económica y financiera de la obra pública en Entre Ríos hasta el 31 de diciembre. El Ejecutivo provincial, en consecuencia, podrá ahora cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la obra pública o a servicios públicos y sus intereses “conforme las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia”.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en diálogo con el programa En El Dos Mil También, que conducen Antonio Tardelli y Sebastián Martínez por Radio Costa Paraná (88.1), opinó que el proyecto como fue sancionado “involucra no sólo la parte en la cual el Estado debe hacerse cargo sino la posibilidad de renegociar los contratos dado que desde noviembre del año pasado se ha producido un cambio sustancial en materia económica, que ha afectado al Estado y a las empresas”.

Al ser una ley de emergencia, explicó, trata de “reordenar el cumplimiento de las obligaciones del Estado cuando ya las empresas han cumplido con las suyas” expresadas en los certificados de obras.

Respecto a los contratos que celebra la administración pública, a partir de algunas modificaciones legislativas y variantes jurídicas, se fue dando que un certificado de obra se cobra, agotada la instancia administrativa, a través de un juicio monitorio, que es más rápido que cobrar un cheque. “Yo, en lo personal, estoy en contra porque no es un juicio dado que una parte presenta un título al juzgado y el juez dicta la sentencia antes de escuchar a la otra parte, y, en este caso, la otra parte es el Estado”, señaló el fiscal.

Desde el punto de vista de la declaración de la emergencia en sí, “lo que sucede acà es que jay mucha obra pública que tienen financiamiento nacional, a pesar de que la contrata la Provincia, que está ahora absolutamente suspendido·, y, además, Entre Ríos “ha visto caer su propia recaudación tanto la que viene por coparticipación como la propia”, añadió Rodríguez Signes, que la llevó a declarar la emergencia.

La ley de emergencia, subrayó el funcionario, “no es para no pagar sino para ordenar el cumplimiento de las obligaciones bajo un parámetro legal; es más, la gran mayoría de las empresas ha estado acordando con el Gobierno los pagos”.