Entre Ríos sostiene ante la Corte Suprema de Justicia su reclamo por los excedentes de Salto Grande

En un escrito firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, Entre Ríos ratificó su demanda por el cumplimiento del acuerdo firmado en 1998, que estableció la distribución de los recursos de la represa hidroeléctrica de Salto Grande.

La Corte le había pedido a Entre Ríos una precisión en tal sentido, pues podía pensarse que el reclamo quedaba incorporado a un sistema de compensación de créditos y deudas recíprocas establecido entre la Nación y las provincias. Esta medida había sido tomada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante un decreto en 2024. Entre Ríos dijo, no, nosotros queremos que se siga cumpliendo regularmente el acuerdo firmado en 1998, que se respete lo anterior, pero que de acá hacia el futuro las cosas queden como está.

“Al haber adherido al decreto 969, que es ese famoso sistema de compensación de créditos y deudas, la Corte pregunta y dice ‘no lo habrán incorporado acá al tema, porque si lo incorporaron tienen que desistir o tienen que suspender el proceso’”, señaló Rodríguez Signes en declaraciones al programa En El Dos Mil También, que conducen Antonio Tardelli, Sebastián Martínez y Juan Cruz Varela por Radio Costa Paraná (88.1).

El fiscal de Estado, en este sentido, explicó que aquel decreto “salió el año pasado y es un sistema administrativo. La Provincia adhirió, incorporó algunos temas que están canalizándose a través de ese sistema, que no es malo, pero este tema, el de los excedentes de Salto Grande, no está sustanciándose por ese mecanismo. La Corte lo pregunta y nosotros contestamos diciendo que no está incorporado”.

La Provincia, en consecuencia, persiste en su demanda. “Es más: insistimos en un pedido de audiencia de conciliación que hace unos tres meses le presentamos a la Corte Suprema”, remarcó.

– Estaba viendo lo que ha representado esto para Entre Ríos, yo no sé si la cifra está bien, pero son 495 millones de dólares. Es un montonazo de plata, por más que estemos hablando de algo que tiene más de un cuarto de siglo.

– Sí, pero justamente esos 495 millones se recibieron de una manera irregular. Al principio, entre 1998 y 2012, se recibieron más de 400 millones de ese total. Los 95 millones restantes se reciben después de 2013; es más, en 2023 recibimos 638 mil dólares, en pesos, pero el equivalente a dólares, contra 79 millones que habíamos recibido en 2012. Entonces la pregunta era, ¿por qué razón se produce esta disminución? Y después de investigarlo y estudiarlo mucho al tema, llegamos a la conclusión de que la Nación, a través de un sistema muy complejo de determinación de precios de la energía eléctrica y de subsidios, había modificado unilateralmente las bases para establecer los excedentes, y eso nos perjudica.

Por lo tanto, lo que pedimos es un cumplimiento regular de lo que se acordó en 1998, que forma parte del derecho intrafederal, es decir, de los acuerdos entre la Nación y la provincia, que no pueden ser modificados unilateralmente.

– Frente a esto que hicieron Frigerio y usted, yo puedo decir, qué bien el Gobierno, qué bien el fiscal de Estado al decir no nos bajamos del pleito. Pero también puedo decir, qué mal el fiscal de Estado anterior, que no reclamó en su debido momento. El problema es que el fiscal de Estado anterior era usted.

– Yo activo una situación como ésta en la medida en que el Poder Ejecutivo o el organismo correspondiente me plantea la cuestión.

– En Teoría Constitucional me habían explicado que el fiscal de Estado era el fiscal de Estado de la provincia y no del Gobernador.

– Sí, está bien, pero en este tipo de cosas actuamos por activación del organismo.

El organismo nunca nos mandó una planilla y nos dijo, miren qué está pasando esto con los fondos de Salto Grande. Recién lo empezaron a hacer a principios de 2024, y ahí fue cuando, por un lado, recibimos del Poder Ejecutivo la instrucción: demanden.

Y, por otro lado, la Corte Suprema de Justicia tiene expresado en los juicios donde hay intereses de las provincias en juego, que firma el fiscal de Estado y también firma el gobernador de la provincia.

No quiero evadir la responsabilidad de la cuestión, para nada, y su pregunta me invita a contestársela con toda franqueza, pero le digo que nosotros actuamos ante la Corte con mi firma y la del gobernador de la provincia.

En este caso, el Gobernador tomó esta determinación como la tomó respecto de Anses también

Respecto a Anses, podríamos decir lo mismo: Santa Fe, Córdoba y San Luis demandaron en su momento, el resto de las provincias no demandamos, bueno, hasta 2017 que se resolvió por un pacto fiscal.

Las situaciones son similares, no le escapo a las responsabilidades, pero no es de mi exclusiva responsabilidad.

– En estos procesos administrativos ante la Corte es muy difícil establecer plazos, pero me gustaría saber en qué instancia está este planteo de la Provincia y si hay algún margen de negociación política, a la luz del acuerdo electoral al menos entre el oficialismo provincial y el oficialismo nacional.

– La demanda fue presentada en abril de 2024. Este año nosotros la reformulamos, la actualizamos en los valores y llegamos a una cifra, a un reclamo retroactivo de más de 700 millones de dólares.

Todavía la Corte tiene que determinar sus competencias, es decir, ha transcurrido un año y la Corte aún no ha determinado que es el tribunal competente. Sabemos que lo es, pero todavía no lo ha expresado en la resolución.

Después de eso se notifica la demanda, es decir, que todavía no hemos notificado la demanda formalmente al Gobierno nacional, que está enterado de esto, pero no está formalmente notificado.

La  instancia en la que estamos hoy es que le hemos pedido a la Corte que fije una audiencia de conciliación, justamente pensando en lo que usted menciona, que es la posibilidad de acordar, porque nosotros razonamos que nuestra posición es acorde a derecho y que la regularización no puede esperar mucho más tiempo. Por eso pedimos una audiencia, y también lo hicimos en el tema Anses y todavía la Corte no lo ha fijado.

Pero estamos, créame, encima de los plazos. Nosotros todos los días consultamos si hay novedades respecto al trámite judicial.

La Corte nos pidió si ratificamos nuestro interés en el pleito, cosa que hicimos, manifestamos e incluso le pusimos una cifra que es contundente, son más de 700 millones de dólares que estamos reclamando retroactivos y los flujos a futuro.

– Sé que no va a pasar, pero qué lindo si llegara todo eso junto, ¿no?

– Eso sería extraordinario para la Provincia, pero es lo que nos corresponde.

Yo creo que está correcto el cálculo, es una materia técnica muy compleja, yo la hice, quiero decirlo, con la ayuda del ingeniero Silvio Ecker, ex Epeer, ex Edersa, un hombre con mucha experiencia, con mucho conocimiento y testigo directo, presencial, de los acuerdos de 1998, Busti – Menem – Maya, que era senador y que impulsó esta ley, también lo quiero decir.

Así que sería buenísimo. Nosotros cumplimos en sostener la demanda, apuntalarla, perfeccionarla, no equivocarnos y sostener los derechos de la Provincia, más allá de las cuestiones políticas, aunque ojalá se pudiera llegar a un acuerdo. Lo veo complicado por la pretensión de la Provincia, el tiempo transcurrido y la posición del Gobierno nacional, que es dura, pero nuestro planteo está correctamente formulado.