«El sistema no anda y hay que cambiarlo»: el duro diagnóstico de Farer sobre los caminos rurales
El presidente de la entidad, Sergio Dalcol, mantuvo un encuentro con las autoridades de Vialidad Provincial para abordar la crisis de infraestructura que afecta al sector productivo. Advirtió que la burocracia estatal impidió ejecutar siquiera la mitad de los fondos asignados durante el año pasado y propuso un modelo de gestión privada similar al éxito obtenido con la vacunación contra la aftosa.
WhatsAppLa situación de las trazas viales en Entre Ríos es un problema crónico que combina factores geográficos, climáticos y, fundamentalmente, administrativos. El titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Sergio Dalcol, analizó el complejo escenario actual tras reunirse con el administrador de Vialidad Provincial, Ezequiel Donda.
El dirigente fue contundente en el programa Buen Día. Señaló que, a pesar de existir la voluntad política de destinar el 50% del impuesto inmobiliario rural a la conservación de estas vías, el sistema actual falla en la implementación de los recursos.
El panorama productivo se ve condicionado hoy por un contraste hídrico marcado. Mientras el centro y norte provincial registran lluvias reiteradas, el sur atraviesa una sequía importante que complica la actividad.
En este contexto, el mantenimiento de los miles de kilómetros de caminos naturales se vuelve una prioridad absoluta, especialmente ante el pronóstico de un otoño lluvioso y una cosecha que promete ser récord.
Dalcol explicó que la reunión con Vialidad surgió por la profunda preocupación de todas las rurales asociadas ante el deterioro del parque de maquinarias y la escasez de personal calificado en las 17 zonales de la provincia. Según el dirigente, el diagnóstico es alarmante y se repite en cada rincón del territorio entrerriano.
La trampa de la burocracia estatal
Uno de las críticas del presidente de la Farer fue el nivel de ejecución presupuestaria. Aunque la Legislatura aprobó rápidamente el proyecto del gobernador Rogelio Frigerio para afectar la mitad del inmobiliario rural a los caminos, la realidad administrativa del Estado impidió que esos fondos lleguen a la tierra.
«Las partidas que se enviaron el año pasado no se llegaron a ejecutar ni siquiera en su mitad», reveló Dalcol. Para el productor, no se trata necesariamente de una «mala voluntad del Ejecutivo», sino de una «burocracia excesivamente lenta» para los tiempos de la producción.
Esta ineficiencia genera un círculo vicioso donde las máquinas se vuelven obsoletas y el personal operativo se jubila sin ser reemplazado, dejando a las delegaciones vaciadas de capacidad de respuesta.
Ante este escenario, la propuesta de las entidades gremiales apunta a un cambio estructural profundo. La idea central es la creación de un fideicomiso que permita administrar los fondos de manera ágil y fuera de la órbita estrictamente estatal, aunque manteniendo el control público.
Dalcol comparó este proyecto con el sistema de lucha contra la fiebre aftosa, donde los propios productores asumieron la responsabilidad de recaudar y ejecutar las acciones a través de fundaciones.
«Se logró un resultado excepcional a un costo sumamente módico», recordó, sugiriendo que ese modelo de gestión global es el camino a seguir para la problemática vial.
El plan incluye la contratación de pequeñas empresas locales y prestadores privados que cuenten con la maquinaria necesaria para la conservación básica, como motoniveladoras y tractores.
Según Dalcol, la gestión privada es mucho más eficiente para adaptarse a las ventanas de trabajo que permite el clima. Un operario privado puede acordar trabajar fines de semana si el tiempo lo permite, algo que la estructura de la administración pública muchas veces dificulta.
El rol de las comunas y el control del Estado
Si bien existe un proyecto legislativo que contempla que municipios y comunas puedan licitar el mantenimiento de tramos de caminos, Dalcol se mostró cauto sobre su alcance. Consideró que estas administraciones locales suelen tener áreas de acción muy reducidas y estructuras similares a la estatal en cuanto a horarios y logística.
En la visión de Farer, el Estado, a través de Vialidad, debería reservarse las obras de mayor complejidad técnica, como puentes y alcantarillados, mientras que la conservación cotidiana quedaría en manos de este nuevo sistema más ágil y descentralizado.
Mientras se debate este cambio de paradigma jurídico y administrativo, los productores apuntan a tener una «agenda abierta» con el director de Vialidad para monitorear de cerca el uso de los escasos recursos disponibles y asegurar que las reparaciones urgentes «lleguen a las zonas más necesitadas», antes de que «las lluvias de otoño compliquen» el transporte de la producción.
