El fiscal de Estado habló de la nueva presentación de Entre Ríos ante la Corte Suprema de Justicia
Es por el incumplimiento de los acuerdos que hicieron Entre Ríos, Corrientes y Misiones con la Nación para las obras complementarias de Salto Grande. Esta demanda se suma a otras dos: una por la deuda que la Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones de la Provincia, y la otra por los excedentes de Salto Grande adeudados. El funcionario relativizó la posibilidad de que el Gobierno nacional cubra las deudas con el traspaso de determinados bienes.
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, explicó de qué se trata la nueva demanda de la Provincia al Gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justciia, que suma a las otras dos que la Casa Gris ya elevó ante el máximo tribunal de la Nación. Una de ellas, vale recordarlo, es por la deuda que la Nación mantiene con la Provincia con la Caja de Jubilaciones, por pactos incumplidos; y la otra por los excedentes de Salto Grande adeudados.
La tercera es una nueva, presentada la semana pasada, por el incumplimiento de los acuerdos que hicieron Entre Ríos, Corrientes y Misiones con la Nación para las obras complementarias de Salto Grande. Esos acuerdos, recordó Rodríguez Signes, se hicieron en 1999, 20 años después de inaugurada la represa, comenzaron a cumplirse a través del envío de los excedentes de Salto Grande, pero han tenido una caída muy importante, especialmente en los últimos tres o cuatro años. “En realidad han tenido un comportamiento irregular a partir de 2013, y lo que nosotros planteamos es que tienen que normalizarse y ponerse en un nivel compatible con la necesidad de financiar las obras complementarias”, explicó el fiscal de Estado en declaraciones al programa Sexro Sentido, que conducen Jorge Ballay y Pablo Lescano por Radio Costa Paraná (88.1).
– Hay, aparentemente, una propuesta para entregar determinados bienes a las provincias a cambio de esas deudas. ¿Puede extinguirse la deuda en esos términos?
– Mire, el decreto 909, que se publicó el viernes de la semana anterior, establece un régimen de compensación de deudas y créditos. Eso es lo que oficialmente ha dado a conocer el Gobierno nacional; es decir, lo que jurídicamente tiene existencia y está vigente
Es un sistema para compensar deudas y créditos, no es un sistema para daciones en pago, que sería la figura que usted está mencionando; es decir, recibir bienes que no sean dinero, en vez de el dinero. Ese régimen establece un mecanismo de adhesión, después del suministro de los reclamos, de los informes y de eventuales acuerdos, pero no establece esta mecánica de entregar bienes, que ya implicaría la intervención de otros Poderes
En el caso de la provincia de Entre Ríos, tanto la aceptación de bienes inmuebles como la entrega o la enajenación, están reguladas en muchos aspectos por la Constitución de Entre Ríos, y con intervención del Poder Legislativo, depende de la operación. Entonces, yo estimo que, en esa hipótesis, suponiendo que el Gobierno nacional le propusiera a la Provincia pagarle alguna deuda con bienes, habría que pasarlo por los poderes competentes. Pero hoy eso es una especulación.
Hoy lo concreto es que dimos pasos jurídicamente relevantes para el reclamo de lo que la Nación nos debe. Y agrego otro elemento: la Provincia no le debe a la Nación.
Entonces, por ahora, lo que nosotros hacemos es reclamar. Y entre la nómina de reclamos que hicimos también están los de obra pública. Pero no ante la Corte, sino que esos son reclamos administrativos, porque la Nación dejó de financiar la obra pública, que contrató la Provincia. Reclamamos administrativamente la restitución del financiamiento.
– En este contexto, hablar del traspaso posible de rutas, propiedades inmobiliarias, o, incluso, como se ha dicho de Salto Grande, es mera especulación, no hay nada de lo que se pueda hablar.
– Hoy es una especulación porque, primero, habría que liquidar la deuda, habría que ganar los juicios, hacer las liquidaciones, y estar en una etapa de acuerdo de cumplimiento de sentencia. Y la verdad es que eso hoy no se está dando. Estamos muy lejos de eso.
La hidrovía
En otro orden, Rodríguez Signes opinó sobre las declaraciones del ingeniero Hernán Ordina, quien expresó su preocupación porque cuando se habla de la hidrovía se ignoran los puertos entrerrianos, y, sostiene, se está consolidando una dependencia de determinados puertos, y particularmente de las economías regionales.
“Nosotros formamos parte del Consejo Federal de la Hidrovía, y de lo que fue el Ente de Control y Gestión de la Hidrovía, y el ingeniero Orduna ejerció la vicepresidencia mucho tiempo. En su gestión se aprobó una configuración, una traza de la hidrovía, que incorpora al río Paraná Guazú, Paraná Bravo y Talavera”, explicó, y consideró que “sigue siendo fundamental para los intereses de la Provincia que esa traza se mantenga. Yo creo que se va a mantener, más allá de que hay una puja entre algunos que piensan que lo que hay que hacer ahora, es profundizar el Paraná de las Palmas, y no dragar por arriba de Timbúes Yo eso lo veo contra los intereses entrerrianos, porque para nosotros incorporar los puertos a la hidrovía es un tema central”.
Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos.