El fiscal de Estado dio detalles de los planteos judiciales que hará Entre Ríos contra la Nación
Los centrales son por los fondos previsionales que se adeudan a la provincia y los pagos de regalías y excedentes de Salto Grande. “Pero no serán los únicos”, adelantó Julio Rodríguez Signes durante una entrevista con el programa Malos Perdedores de Radio Costa Paraná. ¿Qué otros reclamos también podrían judicializarse?
“Hemos tomado la decisión de judicializar el reclamo por los fondos previsionales que se adeudan a la provincia y los pagos de regalías y excedentes de Salto Grande”, dijo ayer el gobernador Rogelio Frigerio, luego de que la Provincia los presentaciones administrativas correspondientes. “Estamos decididos a defender lo nuestro como nunca antes se hizo”, remarcó el mandatario.
La deuda de Anses, vale recordarlo, asciende a 154.000 millones de pesos y la deuda por Salto Grande alcanza los 4.000 millones de pesos.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en diálogo con el programa Malos Perdedores, que conducen Exequiel Flesler, Florencia Gómez e Ignacio Koornstra por Radio Costa Paraná (88.1), detalló que la Provincia llevará adelante tres acciones concretas:
- Una demanda de cobro de pesos contra el Estado nacional, por lo que adeuda del financiamiento del déficit previsional por la Caja de Jubilaciones. Eso es una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal competente.
- Una medida cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia número 280, del 27 de marzo de este año, por el cual el Estado Nacional directamente se desentiende de pagar los anticipos; es decir, las sumas a cuenta de lo que nos debe de este mismo sistema de financiamiento del déficit previsional.
- Una acción de cobro de pesos ante la Corte Suprema por la falta de pago de los excedentes de Salto Grande, adeudados desde junio de 2023 a la fecha.
Rodríguez Signes, en este sentido, dijo que estas acciones “son las primeras medidas, no son las únicas, que plantearemos ante el máximo tribunal del país, por disposición del Gobernador”.
– ¿No son las únicas?
– Hay otros reclamos de la relación fiscal Nación-Provincia. Hay una cantidad de créditos que tiene la provincia respecto al Estado nacional, son muchísimos. Por ejemplo, obras públicas financiadas por el Estado nacional que han sido suspendidas en cuanto a la remisión de fondos. Por ejemplo, plan Remediar, plan Incluir Salud. Por ejemplo, lo que hace a los detenidos en cárceles provinciales por orden de la Justicia Federal, obras, recursos viales, recursos de vivienda, Fonid (Fondo Nacional de Inventivo Docente).
Es una cantidad de créditos que nosotros estamos examinando punto por punto, pero lo primero es Anses y Salto Grande, que están muy claros, y ya están agotados los plazos de espera. Nosotros hemos hecho los reclamos administrativos, pero no es el único crédito que tenemos por reclamar, hay otros, por eso esa fue mi expresión.
Salto Grande
Con respecto a Salto Grande, el fiscal de Estado dijo que “la realidad es que nunca se cumplió adecuadamente con los pactos que se han establecido a partir de la construcción de la represa: es decir, las reparaciones históricas para la provincia de Entre Ríos, hasta que se sanciona la llamada Ley Maya, en 1998. A partir de ahí empezamos a recibir los excedentes, es decir, la diferencia entre el precio de venta de la energía y los costos operativos de la represa. Ocurre que, primero, esos excedentes desde junio de 2023 no se nos están remitiendo, por lo cual estamos demandando” ante la Corte.
Pero, además, “estamos en una revisión de la estructura del sistema: es decir, Salto Grande vende energía, reingresa a la provincia de Entre Ríos a través del Sistema Interconectado Nacional y es comprada por las distribuidoras entrerrianas, no solamente Enersa, sino las cooperativas de Concordia, de Gualeguaychú, de La Paz”, explicó.
Ante este escenario, a juicio de Rodríguez Signes, hay dos opciones: “O Salto Grande aumenta el precio de venta de su electricidad, con lo cual aumentan los excedentes, ese es un camino. O, directamente, nos pagan en especie, nos dan la electricidad, porque lo cierto es que Salto Grande aporta el 7% de la energía del país, y nosotros con la mitad de eso tendríamos cubierta toda la demanda de la provincia”.
El Gobierno, en este sentido, está analizando cuál es la mejor acción, la más rápida, la más efectiva.
La Caja de Jubilaciones
La situación de la Caja de jubilaciones, agregó el funcionario, es igual. “Son 154.000 millones de pesos los que estamos reclamando ahora, pero la verdad es que desde 1993 a 2017, nosotros aportamos el 15% de la coparticipación a la Anses, una suma de billones de pesos. Y, sin embargo, no hemos tenido contraprestación, y los pocos años que la tuvimos se cumplió irregularmente con esa obligación”, señaló.
En este marco, “el Gobernador ha decidido ir a fondo con una política de reclamo de lo que le corresponde a la provincia”, subrayó el fiscal y añadió que “todos estos reclamos que estamos haciendo ante la Corte no son especulaciones, sino que están muy fundados en normas”.
– ¿Es de esperar que salga un fallo rápido?
– Nosotros planteamos una medida cautelar contra el decreto 280 del 27 de marzo de este año, y la Nación nos dice, directamente, “no les voy a mandar ni los anticipos” del sistema previsional.
Entonces, respecto a los anticipos, planteamos una cautelar. ¿Qué significa eso? Significa que hay una violación del derecho bastante visible, verosímil, y hay necesidad, urgencia, necesidad de contar con esos recursos.
Nosotros no estamos pidiendo fondos porque sí, estos fondos son para financiar nada más y nada menos que el sistema jubilatorio, de carácter estrictamente alimentario. Así que, en este punto, esperamos una resolución del Poder Judicial medianamente rápida.
Lo otro responde a los plazos procesales de cualquier juicio. Pero esto, esperamos que lo resuelvan de un modo más rápido.
“A nosotros nos criticaron porque decían que éramos la única provincia que no habíamos judicializado. Lo que no se dijo es que habíamos reclamado legalmente, es decir, habíamos iniciado el trámite administrativo, y eso tiene mucho valor en la etapa probatoria de un proceso. Una cosa es ir con una demanda y producir toda la prueba en sede judicial, con todas las demoras de trámite de oficio y diligencias, pericias y demás. Y otra es ir ya con un trámite administrativo recorrido. Son estrategias procesales que, después, al final del camino, tienen sus recompensa”.
Julio César Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos.