El duro diagnóstico de los docentes universitarios ante un paro total: «vocación sobra, falta salario»
La Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (AGDU), liderada por Germán Orsini, anunció una medida de fuerza contundente que paralizará las actividades entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo. Se trata de un paro total, sin asistencia a los lugares de trabajo, que responde a un reclamo urgente por financiamiento y una recomposición salarial que el sector considera impostergable ante un atraso que califican como enorme.
La situación en las casas de altos estudios de la región ha llegado a un punto crítico. Lo que más llama la atención de este conflicto no es solo la duración de la medida, sino el clima que se vive en los pasillos de las facultades. Orsini explicó que, históricamente, el acatamiento en la Universidad Nacional de Entre Ríos suele ser parcial.
Sin embargo, el dirigente relató que se encontró con muchos docentes preguntando cuándo se realizaría la huelga, una situación que describió como llamativa dado que no está «en el ADN de los profesores» dejar de dar clases.
Para el titular de AGDU, este pedido de las bases es el síntoma de una situación extrema. Los trabajadores universitarios aseguran haber sido de los primeros sectores afectados por los recortes presupuestarios, acumulando una pérdida de casi la mitad de su salario real en los últimos tres años.
A pesar de las marchas masivas y de la sanción de una ley de financiamiento que luego fue vetada, el sector siente que se encuentra en un callejón sin salida ante la falta de diálogo por parte del Gobierno nacional.
Universidades llenas y bolsillos vacíos
El escenario presenta una contradicción dolorosa. Mientras el financiamiento cae, las facultades públicas registran un récord de inscriptos. Orsini puso como ejemplo la Facultad de Ciencias Económicas, que se encuentra desbordada de alumnos ingresantes.
En épocas de crisis, la universidad pública se convierte en el refugio para aquellos hijos de trabajadores que no pueden costear una institución privada.
Esta masividad, lejos de ser celebrada con recursos, se traduce en una mayor carga para un cuerpo docente precarizado.
«Encima que estoy cobrando menos, tengo que dar clase a más gente, poner otra comisión y corregir más», es el sentimiento que el gremialista percibe entre sus compañeros. A este panorama se suma el desfinanciamiento total en áreas de ciencia, tecnología e investigación, lo que está provocando que muchos profesionales renuncien a sus cátedras.
El desafío de estudiar en la incertidumbre
La entrevista también permitió reflexionar sobre el futuro de los jóvenes y el valor de la formación académica en la actualidad. Orsini reconoció que el mundo atraviesa una reconfiguración donde las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial obligan a repensar los planes de estudio.
Si bien hoy existe una tendencia hacia carreras más cortas o diplomaturas de rápida salida laboral, el dirigente defendió la vida universitaria como un espacio fundamental para construir ciudadanía y adquirir herramientas que cambian la vida más allá del trabajo.
Sin embargo, el acceso a esa formación se vuelve cada vez más difícil por motivos económicos que exceden la gratuidad de la matrícula.
El costo del transporte se ha convertido en una barrera infranqueable. Durante la charla, se mencionó que un boleto de colectivo puede costar 1.800 pesos, y para quienes deben trasladarse desde localidades cercanas el gasto diario puede ascender a casi 4.000 pesos.
«La educación no es para todos lamentablemente, y cada vez menos», sentenció Orsini, vinculando este fenómeno a un proyecto de desfinanciamiento que busca achicar el sistema universitario.
Un eslogan que resume la crisis
Para el gremialista, la frase que mejor describe el presente es elocuente. Aseguró que a los trabajadores les sobra vocación, pero les falta un salario que les permita vivir de su profesión.
La medida de fuerza de la próxima semana, a la que también se plegará el sector no docente, busca ser un llamado de atención ante lo que consideran una «doble moral» del Gobierno, que admite la pérdida del poder adquisitivo en sede judicial pero no ofrece soluciones en las paritarias.
El conflicto promete continuar mientras no exista voluntad de diálogo. Para AGDU, la pelea no es solo por un sueldo, sino por sostener una herramienta vital que históricamente ha servido para equilibrar las desigualdades sociales en la Argentina.