El director de Comedores habló de las irregularidades detectadas en escuelas de Concordia

Una auditoría interna realizada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos reveló presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a comedores escolares del departamento Concordia. La ministra Verónica Berisso confirmó que los desmanejos podrían alcanzar los 103 millones de pesos, y anunció la separación preventiva del cargo de la coordinadora del área, Silvina Murúa.

La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, informó que los desmanejos podrían alcanzar los 103 millones de pesos y confirmó que se separó de su cargo a la coordinadora de Comedores Escolares del departamento Concordia, Silvina Murúa.

Mientras, el director de Comedores, Lautaro Azzalini, durante una entrevista con el programa En El Dos Mil También, que conducen Antonio Tardelli, Sebastián Martínez y Juan Cruz Varela por Radio Costa Paraná (88.1), explicó que “desde que asumimos estamos siendo mucho más rigurosos en el tema de las rendiciones, y detectamos en Concordia cosas que, por lo menos, a nosotros no nos cerraban, por lo que procedimos a cesantear a la funcionaria y a bloquear a los proveedores que estaban presuntamente involucrados, y  avanzamos en un proceso de información sumaria a través de la Fiscalía de Estado”.

– ¿Y cuál sería la irregularidad detectada?

– Nosotros lo que hicimos fue analizar 37 escuelas de la ciudad, que son cerca de 100, y detectamos por lo menos que en marzo y abril los consumos no coincidían con las compras y vimos que era algo que se repetía en todas las escuelas, casi siempre con los mismos proveedores, con mucho sobrante de dinero que no están justificados en ningún lado. Entonces procedimos a correr a la coordinadora y a suspender a los proveedores, y después iniciamos una auditoría más rigurosa. A partir de eso fuimos a la Fiscalía de Estado y le vamos a poner a disposición todo para que ellos concluyan qué es lo que realmente pasó y qué es lo que corresponde hacer, si una denuncia penal, una denuncia civil, si ir por el patrimonio, bueno  eso ya no es materia de la Fiscalía de Estado, pero eso es lo que nosotros encontramos.

– Esta funcionaria, Silvina Murúa, hizo declaraciones periodísticas en donde ella asegura que denunció primero este hecho y que, no sé si gente en el gobierno o en el espacio político, la dejó sola y le sugirió que no la jugara de policía. ¿Ustedes tienen registro de denuncias por parte de ella?

– Bueno, sí, a principios de la gestión nosotros hemos hecho denuncias penales en las cuales Silvina nos ha acompañado, producto de un mecanismo similar que hemos encontrado apenas asumimos.

No sé an qué se refiere a que no juegue a policía, pero al principio de la gestión ella fue parte de denuncias penales que hemos empujado por cosas muy similares a éstas.

– Y ella luego no hizo denuncias de que había algunos proveedores que ofrecían un porcentaje o irregularidades en escuelas como falta de facturas, como ella dice haber denunciado en el ministerio. Porque dice que habló con el secretario de la ministra.

– No, que yo sepa no. A parte, en el caso que se encuentre algún tipo de irregularidad tiene que ir a la Justicia, nosotros no somos la Justicia. Lo que sí tiene que hacer, como superior, por llamarlo de alguna manera, es informarnos que detectó algo y lo que va a hacer. Y, en ese sentido, al principio de la gestión cuando hicimos la denuncia la acompañamos.

No entiendo qué es lo que ella dice que realmente encontró y habló y que no hubo respuesta. Lo que nosotros hacemos es producto del trabajo y de las auditorías que hacemos. Acá no hay alguien que nos dijo, esto va por otro carril, que es el trabajo administrativo que se hizo y que se hace en toda la dirección y en todos los departamentos.

– ¿La misma maniobra que se detectó a comienzos de la gestión y que ustedes dicen que junto con la funcionaria Murúa denunciaron oportunamente, continuó desarrollándose o desplegándose en la gestión Murúa?

– Es un mecanismo muy similar. Para ser más gráfico: nosotros le depositamos 100 pesos a una escuela, que va en un plástico, en una tarjeta Sidecreer. Vemos que va al proveedor X y pasa los 100 pesos a la tarjeta, pero el proveedor X le entrega mercadería por 80 pesos, que está documentado en un remito y una factura. Pero a vos te pasaron los 100 y al mes siguiente sucede lo mismo. Y es un mecanismo que sucede en muchas escuelas en simultáneo, casi siempre con los mismos proveedores.

– ¿Cuántos proveedores son?

– Entre cuatro y cinco.

– ¿Este mecanismo de control lo llevan adelante en toda la provincia, en todos los departamentos, y en la única ciudad donde detectaron esta irregularidad es Concordia?

– Hasta ahora es el único lugar donde hemos encontrado este tipo de irregularidad, además de otras porque la verdad no es la única. Fue en Concordia, esperemos no encontrar más en otro departamento, no es lo que uno desea.

– ¿Y qué otro tipo de irregularidades han encontrado?

– Redireccionamientos de compras, cambios muy seguidos de titulares de tarjeta. Administrativamente, Concordia no venía haciendo un buen trabajo y era algo que nosotros veníamos viendo. De hecho, hace dos meses fuimos a Concordia con un equipo de la Dirección para apuntalar un poco ese trabajo.

De ese trabajo se llegaron un montón de conclusiones. Algunas son irregularidades, otras directamente son más ligadas, si se quiere, a la labor diaria que creíamos que no estaba funcionando como nosotros aspirábamos. Obviamente, cuando nos encontramos con la documentación, la sorpresa fue más grande porque cuando metimos el cuchillo hasta el hueso nos encontramos con esto.

– ¿Hubo algún rol del Consejo General de Educación, de los directivos de las escuelas, en todo este tema de alertar sobre irregularidades?

– No, el CGE no tiene nada que ver. Esto es producto de una auditoría, no es que a nosotros nos dijeron que pasaban cosas. Nosotros nos llevamos puestas las cosas porque agarramos determinadas escuelas y fuimos a fondo.

Esto es todo fruto de controles internos que hace la Dirección de Comedores en Concordia y en todos los departamentos de la provincia.

– ¿Tienen plazos sobre cuánto puede demorar Fiscalía de Estado en emitir dictamen?

– No. Tenemos que dejar que la Fiscalía trabaje lo más tranquila posible porque necesitamos que la respuesta sea clara y transparente, y que la investigación sea lo más profunda posible. Para que tengan una idea, son más o menos siete cajas de información. Es un volumen importante de papeles.

– ¿Y de qué período y de cuánto dinero estamos hablando?

– El periodo es de dos meses en 37 escuelas y estamos hablando de entre 60 y 100 millones de pesos.

– ¿Quién quedó a cargo de ese rol ahora que fue separada la funcionaria?

– Hoy la coordinación está vacante. Estamos viendo obviamente quién puede ser la mejor persona que la reemplace, pero la ausencia del coordinador no complica la diaria. Hay empleados administrativos que están trabajando igual, las escuelas siguen funcionando normal. El coordinador o la ausencia del coordinador no cambia la dinámica de los comedores y sigue funcionando todo con normalidad.