El diagnóstico del secretario de Trabajo sobre el «abuso» de las licencias médicas
El secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano, analizó la «alarmante» situación de las licencias médicas en la administración pública provincial, con especial foco en el sector docente. El funcionario, que tiene bajo su órbita la Comisión Médica Única (CMU) -órgano auditor y de contralor de la provincia-, calificó como preocupante la posibilidad de un «abuso o una mala praxis del ejercicio profesional».
WhatsAppCamoirano aportó datos estadísticos contundentes sobre el comportamiento de las licencias en el inicio del ciclo lectivo. Según un informe de la secretaría, entre el 15 de enero y el 15 de marzo de años anteriores (2023-2025), se registraron picos de más de 25.000 días de licencia solicitados solo en el CGE.
Al desglosar las cifras, detalló que en un momento determinado se detectaron «un poco más de 3.000 docentes» pidiendo algún tipo de licencia.
El secretario subrayó que el promedio resulta alarmante porque el Estado debe pagar reemplazos en la mayoría de los casos. Sin embargo, destacó que gracias a las nuevas medidas de control, para el inicio de 2026 esa cifra de 25.000 días «pasó a 17.500», lo que atribuyó directamente a un ordenamiento del sistema.
El «ránking» y la telemedicina
El funcionario provincial identificó una «llamativa concentración» de certificados en pocos profesionales. Camoirano reveló que, en una provincia con solo 150 psiquiatras, los primeros 35 médicos del ránking de licencias son justamente de esa especialidad.
«Es muy difícil dar 100 certificados médicos en un mes, atender a 100 personas de una manera más o menos ordenada», sentenció el secretario.
Además, advirtió sobre la falta de «homogeneidad territorial»: detectaron profesionales que emiten certificados en siete u ocho departamentos diferentes, desde Concordia hasta Diamante.
Aunque reconoció que la telemedicina está avalada, cuestionó la existencia de historias clínicas que respalden tal volumen de consultas y sugirió que la falta de control histórico llevó a que las patologías se «estiren» innecesariamente más allá de los 90 días que suele requerir un tratamiento efectivo.
Modernización y protocolos
Para combatir lo que definió como el latiguillo de «pido médico, pido médico», destacó diversos puntos de la gestión Frigerio:
- Unificación de mando: Todos los médicos que dependían de las jefaturas departamentales de educación pasaron a depender de la Secretaría de Trabajo para unificar criterios y evitar presiones sociales o políticas.
- Protocolos por patología: Se establecieron estándares de días según el cargo. Por ejemplo, «una fonía para un docente son 9 días… para un administrativo 4 días».
- Digitalización: El sistema actual permite ver el historial médico-laboral del agente de forma inmediata para identificar comportamientos extraños o acompañar problemas reales.
- Juntas médicas oportunas: Antes se llamaba a control a los 150 días; ahora se busca intervenir mucho antes para verificar la evolución del paciente.
Camoirano fue consultado sobre el costo que estas irregularidades representan para las arcas provinciales. Aunque aclaró que la inflación dificulta la precisión, estimó que el gasto mensual por licencias médicas en la administración pública ronda los 4.000 millones de pesos.
Finalmente, el secretario insistió en que no se busca desatender la salud mental, la cual calificó como una problemática «urgente y prioritaria», sino generar conciencia para no desprestigiar la profesión médica.
Informó que trabajan junto a gremios como UPCN y la Dirección de Salud Mental en protocolos específicos, apelando a que los colegios profesionales no avalen conductas donde «con mucha facilidad se emite un certificado médico».
