El abogado Emilio Fouces desglosa las «debilidades» de la causa Contratos

Viernes 12 de junio de 2026

Sin embargo, aclaró que esa visión general no entra en contradicción con su rol como defensor, ya que tras casi nueve años de batalla judicial se declara absolutamente convencido de la inocencia de sus representados.

Para el letrado, la complejidad de la causa se ha visto sacudida recientemente por la aparición mediática de «Contratos II», la investigación que apunta a los responsables políticos, un hecho que según su mirada lo cambia «todo» en el escenario procesal.

La paradoja del líder y la jerarquía política

Fouces fue muy incisivo al analizar cómo la nueva investigación sobre los jefes políticos impacta en la suerte de sus defendidos, quienes hoy están acusados de ser los cabecillas de una organización criminal.

El abogado planteó una contradicción lógica insalvable: si en la primera etapa se los juzga como jefes de una asociación ilícita con pedidos de pena de hasta ocho años de prisión, pero luego en la segunda causa se determina que en realidad obedecían órdenes de sus jefes administrativos o políticos, la condena original resultaría «absolutamente injusta».

«Para poder decir eso vos tenés que tener y se tiene que haber defendido la persona a la cual le vas a imputar que daba esas órdenes», sostuvo para justificar por qué existe una identidad de objeto que obliga a juzgar los hechos de manera coordinada para evitar sentencias contradictorias.

El contrato como acto administrativo legítimo

Al profundizar en la prueba, el defensor buscó desmitificar la etiqueta de contratos «truchos» desde el punto de vista procedimental.

Argumentó que los 747 contratos mencionados por fiscalía no son papeles inventados por «un par de forajidos», sino instrumentos que tuvieron un recorrido administrativo formal, con decretos específicos de cada cámara y la aprobación del Tribunal de Cuentas.

«Son contratos que han tenido no solamente un procedimiento dentro de la administración pública provincial sino que han tenido una aprobación por quienes tenían el manejo de ese presupuesto que eran las cámaras», enfatizó Fouces.

Su estrategia se basa en que sus defendidos solo cumplían su rol como «registradores», asegurando que los contratos se cargaran y pagaran según las normas vigentes, sin que existan pruebas de que hayan actuado fuera de la ley.

Un punto clave es la diferenciación tajante que hace entre sus clientes -«funcionarios de carrera»- y los otros 20 imputados que no tenían relación funcional con las cámaras.

Fouces remarcó que, a diferencia de otros implicados, no existen diálogos ni comunicaciones fuera de horario laboral ni mensajes con personas ajenas a la administración.

Asimismo, negó que sus defendidos estuvieran involucrados en la logística de cobro de cheques o en el destino final del dinero para la compra de bienes como departamentos o ganado.

«A mis defendidos no le están reprochando ningún tema de manejos de cheque ni nada», aclaró, explicando que si bien ellos firmaban los cheques, estos salían a nombre de beneficiarios reales que habían sido contratados por pedido de los propios legisladores.

Jurisdicción federal y el futuro del juicio

Fouces no eludió la polémica por sus intentos de llevar la causa a la justicia federal, una movida que muchos calificaron como dilatoria pero que él defiende con mayor convicción que nunca.

Su argumento es que, si importantes figuras políticas admiten que estos contratos son una «herramienta para hacer política», entonces se trata de financiamiento de campañas, un área que compete exclusivamente a los jueces federales que ya aprobaron los balances partidarios de aquellos años.

Por otro lado, celebró una victoria técnica reciente donde la jueza Castaño le dio la razón al considerar los hechos como un «solo hecho continuado» y no como múltiples delitos por cada año legislativo, lo cual reduce drásticamente la expectativa de pena.

Finalmente, sobre la demanda civil iniciada por la Fiscalía de Estado, el abogado la calificó como una presentación «mal hecha» y sin sustento, augurando que la ganará porque no logra determinar el perjuicio concreto de cada imputado.

A pesar de los cruces, Fouces destacó que el clima en las audiencias ha mejorado y que existe una colaboración profesional con los fiscales, a quienes definió como «excelentes profesionales».

«Yo quiero hacerlo porque estoy convencido y cada día que pasa estoy más convencido de que me va a ir muy bien», concluyó, manifestando sus ganas de llegar finalmente al debate oral para demostrar la inocencia de sus clientes.