El proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, es, en realidad, una ley ómnibus que modifica numerosas normativas y afecta a diversos sectores sociales, especialmente a los más vulnerables.
“Su objetivo central es derogar los artículos clave de la Ley de Tierras que limitan la extranjerización de tierras argentinas, es decir, la adquisición y control de grandes extensiones territoriales por parte de corporaciones, fondos de inversión y magnates extranjeros”, señaló Matías Oberlín Molina, Profesor de Historia y Magíster en Estudios Culturales de América Latina por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y aclaró que “no se refiere a la inmigración de personas, sino al control extranjero de recursos estratégicos”.
Alcances
La Ley de Tierras, aprobada en 2011, establece:
– Un máximo del 15% del territorio nacional, provincial o subprovincial que puede estar en manos extranjeras.
– Ninguna nacionalidad puede superar ese porcentaje.
– Un límite de 1.000 hectáreas extranjerizables por titular en la zona núcleo agrícola, o su equivalente en otras regiones.
– Prohibición de adquisición de espejos de agua y zonas ribereñas por extranjeros.
Estos límites buscan evitar la concentración y el control extranjero sobre recursos estratégicos y zonas sensibles.
Situación actual de la extranjerización
Oberlín Molina, durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), explicó que actualmente “existen 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalente a toda la provincia de Santa Fe, lo que representa sólo el 5% del territorio nacional. Legalmente, aún podrían extranjerizarse 26 millones de hectáreas adicionales sin modificar la ley, lo que refuta el argumento oficial de que la normativa impide inversiones”.
“El problema se agrava a nivel subprovincial: hay 36 departamentos, principalmente en zonas de frontera, cuencas fluviales, áreas ricas en hidrocarburos, minerales y recursos hídricos, donde el límite legal ya está superado, lo que pone en riesgo la soberanía territorial y facilita actividades ilícitas como el narcotráfico y la trata”, advirtió..
En este marco, la derogación de los artículos limitantes permitiría una mayor extranjerización, especialmente en zonas estratégicas y fronterizas, “debilitando la soberanía nacional y facilitando la apropiación de recursos naturales por intereses externos”.
Esta política, remarcó, “no tiene precedentes en países como Estados Unidos, Israel o naciones europeas, donde existen restricciones a la compra de tierras por extranjeros”, especialmente en áreas sensibles.
Oberlín Molina, asimismo, opinó que el Gobierno actual promueve “un modelo de país colonial, orientado a la reprimarización de la economía y la entrega de recursos naturales, flexibilizando el control sobre el territorio y debilitando la capacidad estatal de regulación y defensa de los intereses nacionales”.
Este proceso, según su mirada, se articula en cuatro pilares:
1. Destrucción de capacidades estatales: desfinanciamiento y ataque a instituciones públicas clave como universidades, Conicet, organismos de energía, parques nacionales y agencias territoriales, reduciendo la capacidad de intervención y control estatal.
2. Precarización laboral e industrial: cierre masivo de fábricas y reformas laborales que eliminan derechos históricos, abaratando la mano de obra y facilitando la explotación por parte de capitales extranjeros.
3. Entrega de recursos naturales: modificaciones o derogaciones de leyes que protegían glaciares, bosques, comunidades indígenas y el manejo del fuego, permitiendo la apropiación de tierras y recursos estratégicos por intereses privados y extranjeros.
4. Beneficios fiscales y concesiones a grandes empresas: otorgamiento de extensas exenciones impositivas, concesiones de vías navegables e hidroeléctricas a corporaciones transnacionales, desmantelando logros históricos de desarrollo nacional.