Docentes y no docentes van al paro ante la crítica situación de las universidades públicas

Los gremios docentes y no docentes de universidades públicas, nucleados en el Frente Sindical Universitario, convocaron a un paro nacional de 24 horas para el próximo jueves 14 de marzo, ante lo que consideran un “desplante” de la administración del presidente Javier Milei a la paritaria universitaria, en la que las autoridades “impusieron por decreto un aumento de un 6% sobre la paritaria 2023, resultando en un atraso salarial del 50% en sólo 90 días de gobierno”. La medida de fuerza, remarcaron, incluirá actividades de visibilización en todo el país.

Sandra Arito, la decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en diálogo con el programa Sexto Sentido, que conducen Jorge Ballay y Pablo Lescano por Radio Costa Paraná (8.1), dijo que la universidad pública argentina atraviesa “una situación casi límite” y, en este marco, la huelga obedece “a la realidad presupuestaria de la universidad pública argentina, la suspensión de becas para estudiantes, el desguace de todo el sistema de ciencia y tecnología, la quita salarial para el nivel preuniversitario, y, por supuesto, los salarios y los gastos de funcionamiento”.

Arito recordó que todas las universidades están funcionando sobre la base del Presupuesto 2023 reconducido, que había sido calculado en función de 2022, a pesar de que la inflación en ese lapso ha sido del orden del 211%. En la UNER, señaló, “hicimos un ejercicio de proyección, y, si tuviésemos los mismos gastos de luz, gas, limpieza e insumos para comenzar las clases, necesitaríamos 87 millones de pesos para toda la universidad, con sus nueve sedes, con rectorado y demás, y tenemos 23 millones de pesos, o sea, con eso se llega abril o mayo, con toda la furia”.

La decana de Trabajo Social, asimismo, remarcó que en la universidad “nosotros cotidianamente nos manejamos con austeridad, no es que haya un derroche ni de recursos, ni de energía, entonces realmente la preocupación es alta para poder garantizar el sostenimiento de las actividades·.

La prioridades, en este marco, según lo resuelto por el Consejo Superior en diciembre del año pasado, es que los comedores “sigan abiertos, aunque haya que aumentar los platos de comida, y que las becas estudiantiles que tenemos continúen, aunque sólo las podemos aprobar en nuestro caso por siete meses, porque con el mismo presupuesto no se puede cubrir todo el año”. “Tratamos de tomar todas las medidas de contención, de cuidado, de acompañamiento, frente a un contexto que no es sólo de la universidad”, agregó.

Para Arito, “que no se tiene conciencia” de la importancia de la universidad pública. “Nosotros tenemos el orgullo de tener gente que es trabajadora, que es, incluso, no tan joven, que cumple la posibilidad de ser profesional a veces a los 35, a los 40, a los 50 años”, resaltó, y agregó que “cuando se abre una carrera nueva, se inscribe gente que siempre soñó con estudiarla”.

Hay una cuestión conceptual que es desde dónde se mira la universidad, añadió. “A algunos les preocupará cuánto demoran los estudiantes en recibirse, y otros, por el contrario, valorarán la posibilidad de que gente trabajadora, aun viniendo de hogares muy humildes, puedan llegar a tener un título universitario y a ejercer una profesión”.