Dispusieron la nulidad de 770 contratos truchos en la Legislatura entrerriana

Acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, el gobernador Rogelio Frigerio ofreció una conferencia de prensa en la que comunicó que, tras un “exhaustivo análisis” de los contratos realizados entre 2008 y 2018, solicitó a los presidentes de ambas cámaras que declaren la nulidad 770 contratos ilegales.

Posteriormente a esta decisión, la Fiscalía de Estado instrumentará los mecanismos que posibiliten la devolución del dinero. “Lo dijimos en la campaña y lo estamos cumpliendo”, aseguró Frigerio, y remarcó que espera “ponerle fin a una historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción. Los entrerrianos somos protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes de la historia de nuestro país, la de los contratos truchos”.

«La Justicia tiene ahora que definir quiénes han sido los responsables y, por supuesto, qué pena les cabe, pero la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, tiene que dejar de mirar al costado y actuar”, sostuvo Frigerio al mencionar que ya se ha probado que los contratos son fraudulentos.

Mientras, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en declaraciones al programa Malos Perdedores, que conducen Exequiel Flesler, Florencia Gómez e Ignacio Koomstra por Radio Costa Paraná (88.1), confirmó que su repartición “investigará a todos los involucrados y se buscará una reparación para los daños a la provincia, utilizando vías alternativas para resolver los casos”.

“La Vicegobernadora y el presidente de la Cámara de Diputados, que son los que tienen las facultades administrativas, la gestión administrativa, los responsables administrativos de las Cámaras, son los que tienen que declarar la nulidad”, precisó, y una vez que lo hagan “se remitirán los antecedentes a la Fiscalía para la convocatoria, para la reparación del daño”.

Serán convocados “todos los que están involucrados en el acto irregular, tanto el que recibió, como el que pagó irregularmente. Entonces son dos partes, o tres partes, o más también. Vamos a ver, pero yo no me quiero anticipar porque no es un contrato, son 770. Entonces son 770 casos que hay que resolverlo caso por caso. Algo parecido está sucediendo en el ámbito del Poder Judicial, porque hoy había audiencias en las cuales, de los 32 imputados, creo que 10 iban a probation. Es decir, que hay una especie de, no reconocimiento, pero de reparación ofrecida y demás. Hay otros que van a juicio abreviado. Esto se está resolviendo en parte por esa vía. Antes del juicio, propiamente, se está resolviendo en parte por otras vías alternativas”.

– ¿El involucrado en estos procesos, que cumpla con este requisito administrativo que ustedes están proponiendo, cuando vaya a la Justicia pueden tener un beneficio porque ya pagó?

– Al menos el beneficio es que la provincia ya no les puede reclamar como actor civil en la causa penal. Ahí ya, la provincia ya no tiene interés patrimonial. Entonces, sin duda que cambia la situación. Pero esto es independiente. Es decir, una cosa es la acción penal y otra cosa es la cuestión administrativa. Son caminos independientes.

– ¿Cuál es el monto global?

– No lo tengo. No lo tengo porque se han hecho muchas estimaciones. Hay distintas formas de actualización. No quiero dar un número que no corresponda. Entonces, prefiero ir caso por caso y punto a punto resolviendo cada caso y obteniendo la reparación del daño en cada caso. Después haremos la suma, pero veremos la actualización.

– ¿Los montos se actualizan?

– Sí, se actualizan. No podemos reclamar montos históricos. Cualquier reclamo patrimonial que hace la provincia se actualiza. Cualquier sentencia se actualiza, a favor o en contra se actualiza.

Hay una tasa aplicable. Según la tasa que se ordene aplicar y los períodos resultan las liquidaciones. Son bastante complejas.

– ¿Este proceso administrativo, al igual que el juicio que se sustancia, no involucra a los actores políticos de ese momento, al menos a los principales?

– Nosotros vamos a ver cada caso. ¿Cómo vienen los decretos de la Legislatura declarando la nulidad? Esto fue un anuncio del Poder Ejecutivo que le solicita a los presidentes de las cámaras que declaren la nulidad. Vamos a ver en qué términos se declara esa nulidad. No me quiero anticipar a un acto que no me corresponde a mí dictarlo.

– ¿Usted tiene conocimiento de que se haya venido investigando y cómo se llega al día de hoy con este anuncio de la nulidad de los 770 contratos?

– En su momento se iniciaron sumarios administrativos en las respectivas cámaras. No sé el resultado de esos sumarios, pero en su momento hubo sumarios.

Ahora, una decisión de este tipo no es común. La verdad que el Poder Ejecutivo ha tomado una determinación en orden a obtener una reparación en un tiempo más razonable, porque  los procesos penales se han demorado mucho, desde 2018 a la fecha, y, en consecuencia, ésta es una vía alternativa para obtener la reparación de un perjuicio que ya lleva mucho tiempo producido.

– El proceso que se inicia no se ha dado en otras oportunidades, así que tratar de hacer una previsión respecto del éxito o del fracaso es arriesgado.

– Yo creo que es un camino que no se ha explorado y es un camino que me parece útil. Vamos a ver con el transcurso del tiempo qué grado de eficacia tiene.