Diputados: la oposición logró darle impulso a los proyectos de morosidad y discapacidad
La oposición logró quórum en la Cámara de Diputados de la Nación para el tratamiento de un régimen de desendeudamiento para familias argentinas y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad. Aprobó, finalmente, emplazamientos a comisiones y de esa manera acelerar el tratamiento de las iniciativas.
WhatsAppEl objetivo era fijar plazos para que las comisiones emitieran dictamen sobre cerca de 50 iniciativas vinculadas con la morosidad y sobre la extensión de la emergencia, que vence a fin de año. La votación terminó con 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención.
La diputada nacional entrerriana Blanca Osuna, antes de que se lograra el quórum, explicó durante una entrevista con el programa Malos Perdedores, que conducen Exequiel Flesler, Analía Wimkelmann e Ignacio Koonrstra por Radio Costa Paraná (88.1), explicó que “existen varios proyectos coincidentes sobre deudas de personas humanas con bancos, billeteras virtuales y otras entidades que otorgan crédito”. La iniciativa, remarcó, no implicaría costo fiscal directo para el Estado, pero obligaría a las empresas a suspender embargos y ejecuciones, frente a prácticas de cobranza que derivan rápidamente las deudas a estudios jurídicos.
Como los proyectos no tienen dictamen de comisión, no pueden ser tratados formalmente en la sesión salvo que obtengan una mayoría especial de tres cuartos. Por eso, el objetivo inmediato fue establecer los giros correspondientes y un cronograma para que las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor analicen las propuestas, unifiquen criterios y emitan dictámenes con plazos concretos. La gran cantidad de iniciativas “exige priorizar coincidencias y elaborar un proyecto viable que atienda a millones de personas afectadas”, agregó la legisladora.
Emergencia en discapacidad
La emergencia nacional en discapacidad, en tanto, vence en diciembre y su prórroga busca responder a necesidades que, según Osuna, el Gobierno “no ha atendido”.
La ley vigente había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero el Congreso insistió y le dio validez. Aunque la norma reconoce derechos, su cumplimiento no fue inmediato; por ello, las personas afectadas cuentan con herramientas para reclamar judicialmente.
Osuna sostuvo que “la movilización social, los reclamos legislativos y la intervención judicial forman un circuito necesario. El Poder Judicial debe exigir el cumplimiento de las leyes, imponer multas y aplicar sanciones cuando el Ejecutivo incumple” como también se reclama respecto de la ley de financiamiento universitario.
Blanca Osuna, diputada nacional (Unión por la Patria).