Desde la oposición cuestionan un proyecto que modifica una ley de reciente aprobación

El proyecto de la diputada Taborda propone cambiar el artículo 5° de la normativa provincial, habilita la concesión de servicios en áreas sensibles (Salud, Educación y Seguridad), y establece que la titularidad y el control final se mantengan en el Poder Ejecutivo.
La iniciativa generó preocupación “por la falta de estabilidad normativa”, dijo la diputada provincia Silvina Deccó (Más para Entre Ríos), dado que la Ley 11.002 “fue promulgada el 8 de mayo de 2026, luego de ser debatida y aprobada por ambas cámaras, y el proyecto modificatorio ingresó apenas un mes después”.
La ley vigente establece que determinados servicios esenciales no pueden ser concesionados.
El nuevo texto habilitaría concesiones sobre áreas como educación pública, salud pública, seguridad, administración de justicia y sistema penitenciario. Además, prevé que mediante una ley especial pueda transferirse incluso la titularidad del servicio. “Esto no implicaría solamente delegar una gestión, sino abrir la posibilidad de que el Estado deje de ser titular de funciones que, por la Constitución y el sistema republicano, corresponden exclusivamente a su autoridad”, advirtió Deccó en declaraciones al programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1).
La educación es un derecho humano fundamental, mientras que justicia, seguridad y otras áreas constituyen servicios de “imperio”, competencias estatales indelegables tanto en su titularidad como en su ejercicio, agregó. Por ello, si la norma se sanciona, “debería analizarse seriamente su constitucionalidad”, rearcpo la diputada opositora.
Concesión y subcontratación
En la comisión legislativa se habría confundido la concesión con la subcontratación, pese a que son figuras distintas. El Estado puede tercerizar actividades accesorias —por ejemplo, contratar alimentación o servicios de catering para tribunales, escuelas o establecimientos penitenciarios— sin transferir la prestación esencial ni su titularidad. La gestión privada de algunas escuelas ya existe, pero no equivale a concesionar el servicio educativo público en su conjunto.
La posibilidad de avanzar hacia una educación pública de gestión privada fue considerada especialmente grave. Tampoco se explicó cómo se pretende concesionar la administración de justicia, lo que evidencia, falta de estudio técnico, jurídico y de evaluación de impacto, añadió la diputada.
La iniciativa, según la interpretación de Deccó, podría formar parte de una planificación del Poder Ejecutivo para concesionar esas áreas, dado que la propia autora habría reconocido que el proyecto fue encomendado por el Gobernador. Sin embargo, “quien presenta y firma una iniciativa debe conocer sus alcances y poder explicarla; no resulta suficiente justificarla diciendo que fue solicitada por el Ejecutivo”.
Advirtió, asimismo, una posible conexión con otra reforma, ya aprobada por el Senado, sobre el procedimiento para declarar la inconstitucionalidad de las normas. La combinación de ambos cambios podría facilitar la implementación de medidas contrarias a la Constitución.