Desde la Defensoría del Pueblo explicaron las razones de la denuncia por las auditorías de la Andis
Responsables de distintos organismos hicieron una presentación ante la Justicia Federal de Paraná, con el objetivo de que se investiguen presuntas irregularidades que se habrían cometido en el marco de las auditorías de las pensiones no contributivas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hicieron referencia a la posible falsificación de la firma de un profesional médico.
La Defensoría del Pueblo de Paraná, organizaciones provinciales y personas vinculadas a áreas sociales locales, presentaron una denuncia ante la Justicia Federal con el fin de que se investigue “un hecho presuntamente delictivo” referido al proceso de auditorías a titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, realizado en la ciudad por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre el 1 y el 8 de agosto pasado.
La presentación se basa en que personas –de Paraná y localidades vecinas– que concurrieron a dicha convocatoria recibieron –por parte de los responsables de las auditorías– un documento denominado “Constancia de asistencia a evaluación Andis” con la firma escaneada y un sello con un número de matrícula ilegible de un profesional de la medicina, quien había advertido públicamente en agosto respecto de la falsificación de su identidad en auditorías de pensiones por discapacidad en la provincia de Misiones.
Marcia López, titular de la Defensoría del Pueblo de Paraná, durante una entrevista con el programa Carrusel Público, que conducen Andrea Venturini, Marcelo Medina y Martín Echagüe por Radio Costa Paraná (88.1), recordó que la Andis “ha enviado notificaciones a todas las personas que son beneficiarias de pensiones no contributivas, que debían realizar estas auditorías para continuar obteniendo este beneficio o esta prestación”.
En función de ello, añadió, “citaron a las personas a una auditoría y una vez que las personas concurrían a esa auditoría, después tenían treinta días para enviar a la Andis la documentación respaldatoria médica con más la constancia de haber asistido a esa auditoría”.
– ¿Y en esa auditoria quiénes estaban? ¿Había médicos o era personal de la agencia?
– A nosotros no nos consta que sean médicos. Nosotros nos apersonamos durante esos días, que fue entre el 1 y el 8 de agosto en Paraná, porque había muchas dudas entre las personas y también consultas, porque primero eran citadas en un hotel céntrico, y no sabían si esto era cierto o no, hasta que nosotros corroboramos que efectivamente serían en un hotel.
Y, por otro lado, estas auditorías eran llevadas a cabo por personas que nunca nos manifestaron ser médicos sino que eran de una consultora externa contratada por la Agencia Nacional de Discapacidad.
Posteriormente, cuando empezamos a intercambiar con estas personas para poder acompañarlas en este trámite y subir la documentación, vimos que algunas de esas constancias de asistencia estaban firmadas por un médico llamado Leandro Peñaloza. Y, recientemente, ha salido en los medios que este médico ha hecho una denuncia en Pergamino, la ciudad donde vive, sobre la utilización de su firma y sello en las auditorias llevadas a cabo en Misiones.
Eso nos llevó a nosotros a presentar en la Fiscalía Federal una denuncia para que se investigue si acá también ocurrieron esas irregularidades y si esas constancias emitidas y firmadas con una firma escaneada del doctor Peñaloza eran habilitadas por él o no.
– ¿Tuvieron denuncias propias de personas con discapacidad que participaron de estas auditorias? ¿Qué les preguntaban? ¿Qué cosas intrigantes vieron ellos en esas en esas reuniones?
– No, ellos no, porque era tal el desconocimiento que tenían de que directamente los citaban en un hotel, asistían, y después no sabían cómo seguir el trámite.
Por eso es que nosotros –con este grupo de instituciones, como el órgano de revisión, asociaciones, el Iprodi, el Área de Discapacidad del Municipio– nos pusimos a disposición para acompañar en ese trámite de gestión.
– ¿Interviene la Justicia Federal?
– Sí, porque al ser la Andis una institución nacional, interviene la Justicia Federal.
– ¿Las personas que hicieron esta auditoría en Paraná fueron identificadas? ¿Se sabe quiénes son?
– Al único que identificamos es a quien manifestaba ser el coordinador del abordaje.
Y nos llamó la atención porque había habido un altercado en Misiones donde fueron detenidas estas personas y dentro de esos detenidos estaba esta persona de nombre Caín, que no es un nombre muy común. Y, justamente, esta persona también estuvo en esta auditoría en Paraná. Después eran alrededor de cinco personas, pero no sabemos los nombres.
– ¿Saben ustedes si tras estas auditorias hay personas con discapacidad que se quedaron sin sus beneficios?
– Sí, hay personas que se han quedado sin sus beneficios, pero no por las auditorias, sino porque no han sido citadas o no les ha llegado a ellos ninguna notificación.
– ¿Qué tiempo puede llevar tener algún tipo de novedad al respecto?
– No lo sabemos, porque no sabemos cómo va a actuar la Justicia, qué medidas va a tomar la Fiscalía.
Reclamos a la OSER
López, por otra parte, dijo que “todo el tiempo” reciben reclamos de afiliados a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) –el ex Iosper–.
– ¿Qué es lo que más se les dificulta a los afiliados para obtener sus prestaciones?
– Las demoras están en el tema de las prótesis y en las auditorías de determinados tratamientos médicos.
Nosotros lo que hacemos, siempre con el trámite iniciado por la persona, es ver dónde está trabado y tratar de destrabarlo para que el beneficiario tenga una respuesta rápida.
Marcia López, titular de la Defensoría del Pueblo de Paraná.