Déficit habitacional y emergencia social: la realidad de Paraná según Lisandro Amavet

A pocos meses de haber asumido su cargo tras un proceso de concurso que culminó con su designación el 19 de diciembre, el doctor Lisandro Amavet describió su etapa actual como un proceso de aprendizaje constante sobre una ciudad que, según su visión, «deja de ser una ciudad chica para ser una ciudad intermedia» y que padece graves problemas de planificación.

El defensor definió su rol como una figura independiente y autónoma, ajena al ejecutivo y al legislativo, cuya misión es representar a la ciudadanía e instar a los distintos niveles del Estado a respetar los derechos de los paranaenses.

Sobre la naturaleza de su función, Amavet aceptó el desafío de convertirse en un «sujeto molesto» para el poder si la situación lo requiere, argumentando que de lo contrario se pierde legitimidad ante la ciudadanía, aunque aclaró que no se trata de pelear por pelear ni de dar todas las batallas al mismo tiempo.

En este sentido, relató que ya han marcado críticas sobre la nueva concesión del transporte, específicamente en temas de recorridos y frecuencias, así como gestiones por problemas de agua con las vecinales.

Uno de los temas centrales fue la situación crítica del Volcadero municipal, un conflicto que arrastra un fallo judicial incumplido desde el año 2008.

Amavet calificó el estado actual de la zona como una «muestra de la incapacidad de la política local» en su conjunto, sin distinguir colores políticos, por no haber encontrado una solución real en casi dos décadas.

El defensor se mostró escéptico ante la idea de trasladar el basural a otro barrio, preguntándose retóricamente qué zona tendría el consenso social para decir que sí a la basura de toda la ciudad. Por ello, sostuvo que la solución de fondo tiene que venir por un trabajo en el mismo Barrio San Martín, mejorando y ampliando la planta de tratamiento.

Alertó que hoy se ha retrocedido incluso en la educación ambiental y en la separación en origen, lo que satura la disposición final de residuos.

Además, denunció que la calidad de la basura cambió y que el lugar se ha convertido en una salida laboral precaria para jóvenes vinculados al consumo de drogas: «Hoy la calidad de la basura que llega al volcadero no es la misma… el tema de la droga está presente y es una salida laboral para muchos jóvenes».

Vulnerabilidad extrema y el avance del narcotráfico

La problemática de las personas en situación de calle también ocupó un lugar preponderante en su relato. Amavet explicó que toman contacto con esta población principalmente a través de un programa de exención de tasas para tramitar el DNI, ya que muchos acuden a la Defensoría buscando recuperar su identidad de forma gratuita.

Informó que, si bien existen dispositivos municipales y de Cáritas que suman unas 80 camas, estas se encuentran permanentemente cubiertas y resultan insuficientes frente a un relevamiento policial que indica la existencia de al menos 250 personas viviendo en la calle en Paraná.

El funcionario describió un ciclo trágico donde la falta de seguimiento en políticas de salud mental y adicciones provoca que las personas sean contenidas brevemente en hospitales como el San Martín o el Escuela, pero terminen volviendo a la calle al finalizar la crisis aguda.

En cuanto a la realidad de los barrios, el defensor advirtió sobre un deterioro profundo del tejido social, especialmente en las zonas de los arroyos donde se han generado asentamientos irregulares en terrenos privados a los que el Estado llega de manera muy pobre.

Amavet fue tajante al señalar que el narcotráfico se ha convertido en una competencia creciente del aparato estatal, ocupando los espacios donde el Estado nacional se ha retirado totalmente: «el narco te da plata… donde entra la droga el vecino ya no quiere denunciar porque si denuncia se le causa un problemón».

Ante este panorama de conflictividad y desempleo, destacó la labor del centro de mediación comunitaria de la Defensoría, integrado por 80 vecinos formados, como una herramienta valiosa para intentar resolver problemas de convivencia en un contexto donde la desocupación cala hondo y facilita el ingreso de economías delictivas en los barrios más humildes