David Cáceres presentó un proyecto que permite regularizar situaciones habitacionales informales

El concejal explicó que se trata de actualizar una ordenanza de 2017 que se sancionó y luego se reglamentó por un decreto del Departamento Ejecutivo, que habilitaba un registro abierto por 90 días. Se cerró el registro, se cayó el decreto y para hacer un registro similar modificamos la ordenanza. La idea es que eternamente no esté en vigencia sino que haya un plazo.

Cáceres agregó que “no se puede adherir a este programa aquellos inmuebles que tiene una finalidad pública, un fin específico, como por ejemplo el Parque Industrial o una plaza”. “Estamos hablando de que no se puede en aquellos lugares que tienen finalidad para uso y goce de todos los paranaenses o que tienen una finalidad estratégica para la ciudad, sino que son sectores que se les quite a algunos para otros”.

Agregó que los beneficiarios podrían regularizar la situación a través de la compra de los lugares en cuestión, “siempre que puedan demostrar que ocupan hace cinco años para atrás, que es para vivienda, que haya sido una ocupación pacífica, de buena fe y con limitación de tiempo y no para el contexto actual”.

Ante la pregunta de un caso puntual, el concejal apuntó que “la ordenanza original apuntaba a que ninguna persona del grupo familiar conviviente puede tener otra posibilidad de terreno o ayuda del Estado para subsanar la situación habitacional”.}

“Estamos hablando de las personas que, por más que quieran, no pueden acceder al mercado inmobiliario por el alto costo de la tierra. Estamos apuntando a un universo de personas que eligieron esa situación de construir en un terreno fiscal, sino que no tuvieron otra posibilidad”, agregó.

Cáceres sostuvo que esto da previsibilidad y quita incertidumbre a los ocupantes. “La gente -dijo el autor del proyecto- indefectiblemente denota intencionalidad de pagar porque eso da dignidad a las personas, así que no se le va a regalar nada a nadie pero somos lo suficientemente flexibles para que si no pueden pagar en 60 cuotas mensuales consecutivas, el Municipio, por mediante un socio económico va a acordar con esa persona. La Municipalidad, por medio de asistentes sociales va a certificar que va tener posibilidad de acceder a la compra”.

El artículo 14 de la ordenanza original establece que el 5 por ciento de lo ingresado por la venta de los inmuebles va a generar un fondo para que se puedan escriturar esos lugares.

La normativa prevé la venta de los terrenos en 60 cuotas, con un precio que establecerá Dirección de Avalúos de la Municipalidad que le va a poner precio a los lugares.

“Quiero destacar -dijo por último Cáceres- que esta ordenanza se promulgó en 2017, y por estos días me comuniqué con la concejal de mandato cumplido Elsa Zalazar, autora del proyecto anterior, y con el entonces fiscal de Estado y actual concejal, Francisco Avero, quienes confirmaron que hubo muy lindas experiencias de personas que adhirieron al programa al acceder a la casa propia porque eso da grado de ciudadanía”.