Cuestionan las políticas de salud mental del Gobierno provincial

Entre Ríos declaró la Urgencia Sanitaria en Salud Mental en todo el territorio provincial por el término de un año. La decisión, sin embargo, recibió cuestionamientos.

La medida, dispuesta mediante el Decreto Provincial N° 2.130/26, se señaló oficialmente, “permitirá al Ministerio de Salud agilizar los procesos administrativos necesarios para implementar con mayor rapidez las acciones previstas en este campo. De este modo, se busca fortalecer la red pública de atención, optimizar la organización de los servicios y ampliar la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud para garantizar una atención más oportuna, integral y cercana a la población”.
La expresión “urgencia sanitaria” en salud mental, en vez de “emergencia sanitaria”, es cuestionada por organizaciones y sectores opositores, que sostienen que la urgencia no implica el mismo reconocimiento político, institucional ni presupuestario del problema.
Antonella Acosta Cappellacci, activista e integrante de la Asamblea Feminista de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias, durante una entrevista con el programa Buen Día, que conducen Carlos Matteoda, Alejandro Abero y Marta Segovia por Radio Costa Paraná (88.1), afirmó que “existe un proceso de desarticulación de las políticas públicas destinadas al cuidado, la prevención y la construcción de una vida digna”. Interpretó las decisiones del Gobierno provincial como parte de una orientación alineada con el Gobierno nacional: ajuste, debilitamiento del Estado y pérdida de herramientas de protección para mujeres, disidencias, infancias y otros sectores vulnerables. La misma línea se observa, según la mirada de Acosta Cappellacci, en debates sobre la reforma previsional, la posible extranjerización y venta de tierras, y proyectos vinculados con la violencia de género.
Según su diagnóstico, “el deterioro no comenzó de un día para otro, sino que fue planificado y aprovechó falencias previas de la democracia y de la cobertura de derechos. La insuficiencia de respuestas en educación, vivienda y protección social permitió que sectores conservadores y económicos explotaran el descontento”. El avance de las redes sociales, la digitalización, los algoritmos y la inteligencia artificial habría favorecido la polarización, la individualización de la discusión política y la demonización de quienes piensan distinto, agregó.
Reconstrucción comunitaria
Acosta Cappellacci, además, consideró que el problema central es “la ruptura del tejido social frente a una cultura política que fomenta el individualismo y la mezquindad”. Propuso, en este sentido, “reconstruir la vida colectiva mediante encuentros presenciales, participación en el espacio público y una discusión política que vuelva a humanizar las relaciones”. También advirtió sobre la expansión de las apuestas deportivas dirigidas a jóvenes, cuya normalización exige atención y regulación.
Demandas concretas
La Asamblea Feminista reclama “un presupuesto visible y suficiente para sostener equipos interdisciplinarios de salud mental, especialmente en escuelas y barrios; la restitución inmediata del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) y de las redes territoriales de protección y asistencia a víctimas; educación sexual integral con perspectiva científica, laica y de género; dispositivos gratuitos y accesibles para atender situaciones de violencia, consumos problemáticos y violencia digital; y salarios dignos para trabajadores de la salud pública, la salud mental y la educación.

Cuestionan las políticas de salud mental del Gobierno provincial Antonella Acosta Cappellacci, militante feminista.
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