Cuestionan la nueva normativa de planificación del recurso humano de Enfermería
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos manifestó su rechazo a la nueva normativa vinculada a la planificación del recurso humano de Enfermería, por considerar que su tratamiento y definición se realizaron por fuera del ámbito institucional establecido por la Ley Provincial de Enfermería N.º 10.930.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos emitió una Resolución por la cual se deja sin efecto la Res. 2.205/19 MS y aprueba las “Normas de Planificación del Recurso Humano de Enfermería” elaboradas por la Dirección General de Enfermería. La medida generó malestar y preocupación entre los trabajadores del sector.
Silvia Lubo, Yanina Corradini y Mabel Varisco, representantes de ATE, en declaraciones al móvil de Radio Costa Paraná (88.1), a cargo de Fabio Rodríguez Freire, durante el programa Malos Perdedores que conducen Exequiel Flesler, Analía Winkelmann e Ignacio Koonrstra, denunciaron que esta nueva resolución del Ministerio de Salud sobre planificación del personal de enfermería “incumple la ley, que establece que estos asuntos deben tratarse en la comisión asesora”.
Afirmaron que la planificación “no refleja las condiciones reales” del sector y que agrega “dos guardias mensuales sin aumento salarial, lo que equivale a más de un mes de trabajo extra al año”.
Alertaron,además, que “la sobrecarga afecta al personal, recarga los servicios y deteriora la calidad y el carácter humanizado de la atención”, y también denunciaron “salarios de pobreza pese a la formación de grado y posgrado”. La medida, además, “discrimina a Enfermería” frente a otras áreas.
ATE solicitó reiteradamente que el Ministerio convoque a la comisión asesora, pero asegura no haber recibido respuesta ni haber mantenido reuniones con las autoridades”
Anunciaron, ante esta realidad, una movilización para este jueves 1 de octubre junto con la Asociación de Enfermería y subrayaron que las instituciones públicas están en estado de alerta y movilización. Las trabajadoras sostuvieron que el conflicto “afecta a toda la comunidad, especialmente a quienes dependen de la atención pública”, y reclamaron ser recibidas y escuchadas para poder garantizar el cuidado que la población necesita.